Los hospitales privados expulsados de la red pública plantean un ERE

La medida del consejero de Salud, Toni Comín, de expulsar de la red pública a los hospitales con ánimo de lucro empieza a mostrar su lado más amargo. El grupo empresarial Quirónsalud, propietario de las dos primeras clínicas privadas que dejarán de prestar asistencia pública, anunció ayer dos expedientes de regulación de empleo (ERE) que afectarán a 256 trabajadores. El primer despido colectivo de 110 personas se presentará en agosto en la Clínica del Vallès (CdV). El segundo, a final de año, afectará a 147 empleados del otro centro, el Hospital General de Cataluña (HGC).

Tal y como avanzó EL PAÍS el pasado marzo, la gran medida desprivatizadora de Comín ha tenido una contrapartida previsible sobre los trabajadores de las privadas. Una portavoz de la CdV apuntó ayer que “en un mes empezarán las negociaciones del ERE” y avanzó que los despidos repercutirán en todos los servicios de la CdV. En el caso del HGC, “hay servicios, como hemodinámica o radioterapia, que dejarán de existir”, advirtió.

Según las cuentas del consejero, los tres hospitales públicos de la comarca del Vallès Occidental necesitarán unas 68 camas y cinco quirófanos para asumir las 5.700 ingresos que, según el Departamento de Salud, se derivaban a las clínicas privadas. El Parc Taulí abrirá al menos 36 camas y tres quirófanos para asistir a todos los pacientes del área de Sabadell y, el resto de enfermos serán acogidos en el Consorcio Sanitario de Terrassa y la Mútua de Terrassa.

Con todo, una portavoz de los centros privados negó las cifras dadas por Comín y reveló que las derivaciones recibidas por sus dos clínicas ascendían a más de 7.000. Aseguró además que los hospitales públicos “no tienen camas” para asumir esa actividad.