Rajoy mantiene el pulso con Cataluña y recurre tres leyes

Cuarenta y ocho horas ha durado la distensión entre el Gobierno central y el catalán tras la reunión entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. La decisión del Ejecutivo de recurrir ante el Tribunal Constitucional otras tres leyes catalanas cayó como un jarro de agua fría en la Generalitat, que considera que el Gobierno se reafirma en su estrategia de “judicializar la política”. Sin embargo, desde La Moncloa creen que sí se ha hecho un gesto al no recurrir una cuarta ley, la de antidesahucios, tal y como solicitó el miércoles el 'president' a Rajoy.

Los recursos fueron anunciados ayer por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno en funciones considera que hay un conflicto de competencias, que no de “fondo”, en tres leyes catalanas: la que crea un impuesto para los pisos que llevan dos años vacíos; en un artículo de la norma de Gobiernos locales; y en las medidas del ámbito laboral dentro del articulado de la Ley de Igualdad.

 Catalá intentó quitarle hierro a los recursos y los inscribió en el “ ejercicio normal de las competencias de cada Administración pública cuando considera que otra se ha extralimitado”. La Generalitat, recordó el ministro, ha presentado 50 recursos ante el alto tribunal por leyes estatales, mientras que Rajoy lo ha hecho 30 veces. A raíz de uno de estos recursos, el Constitucional anuló un decreto ley catalán, pionero en España, que fijaba una tregua invernal en el corte de suministros para las familias sin recursos.

La decisión no sentó bien en la Generalitat, que considera que Rajoy ha ignorado la petición que el pasado miércoles le hizo Puigdemont. El presidente catalán, por un lado, solicitó parar lo que considera una judicialización constante de la actividad legislativa del Parlament y, por el otro, un mayor acercamiento para abordar las políticas contra la crisis social. “Los recursos refuerzan el escepticismo con el que fuimos a la reunión y nos invitan a seguir con la hoja de ruta independentista”, sostuvo ayer la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté.

Desde la Generalitat afean a Rajoy que haya rechazado pedir al Alto Tribunal que no suspenda las normas de forma cautelar, como le solicitaron. El Gobierno, explicó Catalá, descartó esa opción al considerar que las normas tienen “trascendencia suficiente” pero insistió en que la puerta sigue abierta al diálogo para evitar que la ley antidesahucios y contra la pobreza energética sea también recurrida. El último plazo para este trámite expira el 5 de mayo.

Munté aceptó que el compromiso entre ambos líderes se había centrado en intentar parar el recurso de la ley antidesahucios pero lo considera un gesto insuficiente. La portavoz cree que los ciudadanos no entienden que se recurran normas que buscan “mitigar los efectos de la crisis o garantizar la igualdad”. La ley antidesahucios llegó al Parlament gracias a una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

“Hay un absoluto margen competencial para estas normas”, defendió Munté, que también anunció que la Generalitat defenderá los textos ante el Constitucional. Catalá explicó que, en el caso del impuesto de los pisos vacíos hay una duplicación de gravamen, ya que la Ley de Haciendas Locales prevé que a las viviendas no ocupadas se las pueda cargar hasta con un 50% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

De hecho, varios municipios catalanes como Sant Feliu de Guíxols (Girona) o Gavà (Barcelona) ya han desarrollado el tributo estatal. La Generalitat defiende que dentro de su ley hay una disposición adicional que prevé la creación de un mecanismo para evitar la doble tributación. Munté aseguró que los 11 millones de euros que ya se habían recaudado por el impuesto catalán a los pisos vacíos no corren riesgo y se utilizarán para comprar pisos sociales.

Con diferentes niveles de optimismo, ambas Administraciones esperan algún avance en la reunión entre sus dos vicepresidentes, Oriol Junqueras y Soraya Saenz de Santamaría, que se celebrará la próxima semana. En este encuentro el futuro de la ley antidesahucios será uno de los puntos claves.