Un juez acusa a 46 personas por una filtración en la Policía Local de Sevilla
El magistrado dicta que las resoluciones administrativas dictadas tras el delito son nulas
El juzgado de Instrucción 9 de Sevilla ha concluido la investigación del presunto amaño de oposiciones a la Policía Local con 46 acusados, entre ellos un superintendente, 37 agentes en activo, cinco miembros del tribunal de las oposiciones, un empresario y un miembro de la junta de personal del Ayuntamiento. El juez Juan Jesús García Vélez, que acusa a los policías de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, da por finalizadas todas las actuaciones y remite el caso al juzgado de lo Penal para su enjuiciamiento.
La Fiscalía, en sus conclusiones provisionales, afirma que en dos oposiciones convocadas en 2012, en la que se ofertaban 47 y 56 plazas de Policía, concurrieron "determinados aspirantes a los que, por razones de vínculos de amistad, o familiares o sindicales", les favorecieron y les filtraron el examen para que aprobaran. Al superintendente de la Policía Local Juan José García, la Fiscalía le pide tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos, así como 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
Además, considera que las resoluciones administrativas dictadas en relación a las oposiciones son "nulas de pleno derecho", por lo que reclama que se anulen estas resoluciones y todos los actos posteriores que se han investigado en torno a estas dos convocatorias de empleo público. Para los 37 policías acusados, la Fiscalía pide cuatro años de inhabilitación y 100.000 euros de multa. Las oposiciones incluían un examen teórico con 100 preguntas de tipo test, y en la primera de ellas, 19 de los policías incurrieron en los mismos errores del examen teórico porque así se recogía en la plantilla de respuestas que previamente les habían filtrado.
En la segunda se incorporaron 20 preguntas elaboradas por funcionarias de la Junta de Andalucía, y 16 de los agentes imputados las "fallaron de forma contundente" porque, a diferencia de las 80 elaboradas por el tribunal, no se les habían filtrado previamente, según el juez. En su escrito de imputación, el magistrado señala que el jefe policial favoreció a un hermano de su compañera sentimental y a un sobrino, y añade que también se favoreció al hijo de un dirigente sindical.
El dirigente sindical era el superior jerárquico del acusado y miembro de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla, y ambos habían compartido muchos años de labores sindicales, señala el juez. Uno de los opositores que resultaron beneficiados fue el hijo de un empresario de La Redondela (Pontevedra) que había logrado la adjudicación de contratos para el vestuario de la Policía Local de Sevilla entre 2007 y 2013 y que invitó a uno de los miembros del tribunal a pasar dos días en Madrid en 2014, subraya el juez
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