El Ministerio Cultura lleva cinco meses sin atender a la juez del IVAM

El Consejo General del Poder Judicial ha dado amparo a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia que investiga el caso IVAM, un procedimiento abierto por los supuestos delitos malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación en la etapa en que Consuelo Ciscar, una de las imputadas, fue la directora del museo. El Poder Judicial ha reclamado al Ministerio de Cultura que colabore con la instructora después de que este haya pasado cinco meses sin contestarle.

La juez solicitó en noviembre a la dirección general de Bellas Artes un informe sobre la valoración de una decena de obras del IVAM al sospechar que se compraron con un abultado sobrecoste. Al no obtener contestación, la magistrada reiteró la petición en enero y marzo manifestando que se trataba de un asunto urgente. Pese a ello, el Ministerio de Cultura ha guardado silencio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La magistrada solicitó ayuda al Poder Judicial, advirtiendo que la no recepción del informe mantenía paralizada la causa en la que además de Ciscar están imputados —investigados, según la nueva terminología judicial— otras cinco personas, entre ellas exresponsables del IVAM y un empresario. La instructora utilizó para ello el cauce de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción.

El Poder Judicial acordó dirigirse al Ministerio de Cultura "para que se remuevan los obstáculos que impiden el cumplimiento del mandato judicial efectuado por el Juzgado de Instrucción número 21 a la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico, consistente en efectuar un informe sobre la valoración de 13 obras adquiridas por el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM)".

La juez ha expresado a lo largo del procedimiento que existen indicios de que se cometieron delitos "tanto en la adquisición de obras de arte como en la contratación de publicaciones". El museo habría pagado "importes no justificados por obras de arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respondían a este valor", lo que implicó un "claro lucro para terceros" y un "evidente perjuicio para los fondos públicos".

"Lamentables condiciones"

El Poder Judicial también ha acogido otra reclamación de la juez, en la que alertaba de las "lamentables condiciones" en las que se ve obligada a realizar su trabajo, así como la falta de medios que padece, al igual que la letrada de la Administración de Justicia. Carecen de despacho y se ubican en una sala sin enchufes, ventilación, pequeña, sin aclimatación y sin apenas muebles donde dejar los 30 tomos que acumula ya el sumario del caso.

El Consejo del Poder Judicial se dirige en este caso a la Consejería de Justicia, responsable de las instalaciones judiciales en la comunidad autónoma, y reclama que se atiendan las demandas de la instructora, entre las que también figura un programa informático de transcripción de declaraciones documentadas digitalmente mediante la grabación de la imagen y el sonido.

En las últimas semanas se han conocido otros casos de desatención de peticiones realizadas por los jueces valencianos. Uno de ellos fue la petición realizada por una juez de Valencia para que el Senado le confirmara la condición de parlamentaria, y por tanto de aforada ante el Tribunal Supremo de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.

Se trata de la causa en la que se investiga un posible delito de desobediencia por parte de Barberá al negarse a retirar símbolos y distinciones a personajes del régimen franquista en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

El segundo caso ha sido el de Jacobo Pin, el del juez de Nules que envió al banquillo al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. El magistrado solicitó en septiembre a la Consejería de Justicia y Administración Pública en la que pedía el nombramiento de un funcionario de apoyo con experiencia, un programa de transcripción de declaraciones, un sistema de videograbación y un escáner. Pin ha solicitado los recursos para la investigación del caso por supuesto fraude en los cursos de formación que afecta a la patronal de Castellón, la CEC.