El Ayuntamiento intentará municipalizar la empresa que gestiona la M-30

La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena (Ahora Madrid), ha señalado esta mañana en un desayuno informativo organizador por Europa Press que desea revisar el modelo mercantil de la empresa municipal Calle 30. “Nos gustaría, pero una de las pautas de este Ayuntamiento es ser riguroso con las obligaciones jurídicas; primero hay que ver qué posibilidades tenemos con nuestras obligaciones contractuales”, ha añadido la regidora. Según ha señalado después el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, esa empresa “no tiene sentido” y ha costado a los madrileños desde su constitución 563 millones de euros. “Vamos a ser audaces respetando la legalidad para tapar esa vía de agua; lo que haremos será estudiar la fórmula para establecer un mecanismo que nos permita ahorrarle dinero público a los madrileños”, ha añadido.

Madrid Calle 30 es una empresa mixta creada durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón (Partido Popular, 2003-2011) para asumir las obras de soterramiento de esta autovía (y la deuda que generó). El Ayuntamiento posee el 80% de las acciones; el 20% restante pertenece a Emesa, participada mayoritariamente por Ferrovial (50%) y Dragados (33%). Esta empresa ganó en 2005 el contrato público para conservar la autovía durante 35 años. A partir de entonces, el Ayuntamiento delegó la gestión de la carretera en Madrid Calle 30, y esta dejó “ciertos servicios de conservación” en manos de Emesa en virtud de esa concesión.

Según desvelan esta mañana la Cadena Ser y eldiario.es, un anteproyecto de informe de fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas sobre los ejercicios de 2012 y 2013 recomienda revisar el modelo de gestión de esta empresa “con el fin de adecuar el coste de oportunidad y minimizar los costes al erario municipal y, consecuentemente, a los ciudadanos”.

En este informe (sujeto aún a alegaciones), la Cámara de Cuentas cuestiona que una autovía pública deba ser explotada por empresas privadas. Este modelo “eludió” además la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. “La empresa y sus socios privados deberían considerar junto al Ayuntamiento la conveniencia de revisar el modelo de gestión actual”, concluye la Cámara.