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La ANC informa de los riesgos de la secesión a funcionarios y concejales

La entidad convoca un acto para distinguir cuándo se comete desobediencia, prevaricación o rebelión

Votación en la asamblea de socios de la ACN celebrada en Manresa
Votación en la asamblea de socios de la ACN celebrada en Manresa

El escenario de una eventual proclamación de la independencia de Cataluña situará a decenas de miles de funcionarios, especialmente a los que dependen del Gobierno central, en una delicada situación legal ante el dilema de sumarse al nuevo orden que pudiera surgir de la secesión o bien mantenerse en el actual. Es un tema que Convergència y Esquerra esquivan con frecuencia al asegurar que “el discurso del miedo” pretende disuadir a los empleados públicos. Pero la propia Asamblea Nacional Catalana (ANC), entidad independentista, no tiene claro que los funcionarios no pudieran cometer un delito

La junta local de la ANC de Cambrils (Tarragona) ha organizado para este lunes un acto informativo dirigido a los funcionarios y cargos públicos para aclarar precisamente las dudas que les pudieran surgir el día que llegue la secesión y sobre si pueden cometer algún delito si se suman a esa Cataluña independiente.

“Información como antídoto al mensaje del miedo”, es el lema del cartel de la ANC que convoca al acto y en el que aparecen cuatro fantasmas. “Los trabajadores públicos y los últimos pasos para conseguir la república catalana”, reza el cartel, que anuncia dos oradores.

Uno es Joan Anton Font, secretario del Ayuntamiento de Tarragona y coordinador de la sectorial de secretarios, interventores y tesoreros de la ANC. Se trata en los tres casos de funcionarios que forman parte de los “cuerpos nacionales” de la Administración local y que dependen del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que es el que abona las nóminas y regula las plantillas. La otra persona que tomará la palabra en el acto es Pere Grau, abogado y miembro del secretariado de la ANC, la entidad que desde 2012 ha convocado las masivas manifestaciones con motivo de la Diada del 11 de septiembre.

Con motivo del acto informativo, el coordinador de la ANC en Cambrils, Salvador Martí, ha remitido un correo electrónico a los concejales del Ayuntamiento invitándoles a participar. Argumenta que se trata de “un acto muy didáctico” dirigido especialmente a los funcionarios, pero “muy interesante también para los cargos institucionales”.

El objetivo, dice, es “distinguir claramente cuando se pueden encontrar [los funcionarios y cargos públicos] ante una situación susceptible de cometer los delitos de desobediencia, prevaricación, rebelión y/o sedición”, palabras que aparecen escritas en mayúsculas.

El dirigente local de la ANC añade que la invitación a los concejales se cursa “independientemente del posicionamiento de cada uno respecto del proceso que estamos viviendo en Cataluña”, en alusión al pacto entre Junts pel Sí y la CUP de lograr la independencia.

Para despejar cualquier duda que pueda surgir entre los ediles, el correo electrónico añade: “Dicho de otra manera, en los próximos meses es muy posible que os podáis encontrar ante una situación de la que podáis tener dudas sobre cómo actuar sin cometer ninguna infracción ni traicionar vuestras convicciones”. Es por eso, concluye Salvador Martí, que “en este sentido este acto es muy formativo” e invita a los concejales a asistir.

A diferencia de Convergència y Esquerra, la CUP ha apostado desde el primer momento por ejercer la desobediencia para lograr la secesión de Cataluña. Sus alcaldes y concejales están dando prueba de ello y se han negado a declarar ante la justicia o responder a la Audiencia Nacional cuando les ha solicitado documentación por aprobar mociones en favor del declaración del pasado 9 de noviembre, que salió del Parlament y fue suspendida por el Tribunal Constitucional.

En esa línea, la formación independentista celebró el pasado jueves un acto de “preparación para ejercer la desobediencia” al que asistieron unos 50 cargos electos y en el que los juristas de la CUP insistieron en que “es necesario desatender los requerimientos de la Audiencia Nacional”, porque eso “no puede ser motivo de delito”.