“La Administración tendrá que hacer más inspecciones”

Para Jordi Baiget (Balaguer, 1963), muchos de los temas que tiene que tratar ahora en su despacho del Departamento de Empresa no son nuevos. Ya los tuvo sobre la mesa cuando era secretario del Gobierno de Artur Mas, pero ahora sus obligaciones han aumentado en un contexto todavía convulso: la crisis no se ha disipado, el proceso soberanista ha enconado los contenciosos con el Gobierno central y a la economía colaborativa le interesa especialmente una de las comunidades autónomas con más tirón turístico. Y solo tiene 15 meses.

Pregunta. Los empresarios demandan estabilidad política y en la política industrial. ¿Cómo se consigue ese objetivo con una legislatura a la que le quedan 15 meses?

Respuesta. La estabilidad es que cuando ellos vayan a negociar con el Gobierno tengan delante a un Gobierno sólido, con todas las prerrogativas y que trabaje para solucionar sus problemas.

P. El año pasado el presupuesto para impulsar la industria era de siete millones de euros, cuando veníamos de más de 40 millones. ¿Qué se puede hacer con eso?

"Avançsa impulsará proyectos que consideremos estratégicos"

R. Destinarlos a aquellas oportunidades que permitan multiplicar la inversión. Eso es lo que estamos haciendo: buscamos atraer otros muchos millones.

P. ¿Un ciudadano puede entender que en época de recortes la Generalitat participe con 60 millones de euros en el capital de una multinacional como Ficosa, participada por Panasonic?

R. Ficosa podría haber llegado a cerrarlo todo. Cataluña hubiera perdido empleos y una empresa líder. Con lo que ha hecho la Generalitat, hemos conseguido que esta empresa continúe y sea más sólida. Recuperaremos ese dinero y lo volveremos a destinar a política industrial.

P. ¿Qué puede hacer la Generalitat para evitar que empresas catalanas se vayan por motivos fiscales o de cualquier otra índole como ya ha sucedido?

R. Si un empresario tiene la intención firme de irse, tenemos poca capacidad para retenerlo. Tenemos que hacer toda la presión necesaria para evitar que se marche, exigir que cumpla las normas e intentar velar por los trabajadores y buscar inversiones alternativas.

P. ¿Qué quieren hacer con Avançsa?

R. A medida que tenga recursos, impulsará proyectos que consideramos estratégicos. Pero solo cuando haya alguien más que quiera invertir.

P. ¿El nuevo decreto de alojamientos turísticos será la primera pata sobre economía colaborativa que aprobarán?

"Queremos unificar toda la normativa turística, que a veces se contradice"

R. Sí. Queremos unificar toda la normativa turística dispersa por multitud de normas que a veces son contradictorias entre ellas y adaptarlas a las nuevas circunstancias. Aprovecharemos para regular y adaptar la economía colaborativa.

P. ¿El Gobierno es partidario de prohibir o de permitir la actividad de Uber?

R. Es partidario de garantizar la igualdad de oportunidades, la seguridad jurídica y dar garantías a los consumidores en todos los ámbitos. También en Uber.

P. Hoy se puede comprar las 24 horas del día y eso lo hacen sobre todo las grandes cadenas. ¿El modelo comercial catalán no es un poco obsoleto?

R. Es suficientemente amplio para que todos los operadores estén presentes. Siempre habrá necesidad de que haya tiendas de barrio y nosotros tenemos que poner las condiciones para que puedan sobrevivir.

P. En algunos barrios, con la ley catalana en vigor, muchas tiendas abrían pese a la ley. ¿Le faltan recursos humanos para hacer controles?

R. Los inspectores siempre han estado activos para hacer cumplir la ley.

P. ¿La Administración es lenta para abrir nuevos negocios?

R. Eso cambiará. Tenemos una ley de simplificación administrativa que descansa en las comunicaciones previas en vez de en las autorizaciones. Eso quiere decir que la Administración tendrá que estar menos en los despachos y hacer más tareas de inspección.

P. ¿La partida para pobreza energética será una de las que más crezca en los próximos Presupuestos?

R. Cumpliremos lo acordado, que es destinar diez millones de euros. Es la misma cuantía, pero el pasado ejercicio no se agotó.

P. ¿Por falta de demandas?

R. No. Las continuas impugnaciones por parte del Gobierno central a nuestras normas en materia de pobreza energética nos obligaron a crear subvenciones como alternativa, lo que obliga a abrir una convocatoria y a tener autorizaciones de los demandantes. La gestión era muy compleja y es lo que explica que se hayan utilizado menos recursos. También tenemos que negociar con las suministradoras para realizar descuentos de tarifas o bonificaciones. Pero es lento.