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El juez investiga si el PP de Rita Barberá cometió delito electoral

Requiere al Tribunal de Cuentas datos de una cuenta que pagó las campañas de 2011 y 2015

Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y senadora. Ampliar foto
Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y senadora.

El juez del caso Taula, Víctor Gómez, ha pedido al Tribunal de Cuentas información sobre una cuenta bancaria con la que el PP de Valencia pagó parte de sus campañas electorales en los años 2011 y 2015, cuando la candidata era la exalcaldesa y ahora senadora Rita Barberá. Lo ha hecho a petición de la Fiscalía, que cree contar con indicios de la comisión de delito electoral —el nombre jurídico de la financiación irregular—. Ello agravaría el contenido de la pieza separada del caso que ahora está abierta solo por blanqueo de capitales.

El ministerio público quiere saber —y el magistrado ha dado curso a la petición— si el Tribunal de Cuentas ha tenido conocimiento de una cuenta abierta en el Banco Sabadell, que provenía de otra abierta en el Deutsche Bank, como debía haber ocurrido al tener presuntamente fines de financiación electoral. Y tambien si el Tribunal de Cuentas tuvo conocimiento de las aportaciones realizadas por terceros al PP ingresadas en la misma.

Las donaciones fueron anotadas por la ex secretaria general del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia María del Carmen García Fuster, que fue detenida en enero y se encuentra imputada con otras 48 personas —incluido el PP— en la pieza separada sobre un presunto blanqueo de capitales. Se trata de la pieza separada en la que el juez ha iniciado los trámites para que Barberá sea imputada por el Tribunal Supremo.

García-Fuster ha reconocido ante el juez la realidad de las donaciones anotadas, pero se ha negado a revelar quienes las hicieron. También ha mantenido que nadie controlaba cómo gestionaba esa cuenta bancaria, a pesar de que hay constancia de que desde ella se abonaron lo que parecen actos electorales y propaganda en medios de comunicación. Varias donaciones superaron los 25.000 euros, límite legal a partir del cual deben ser notificadas al Tribunal de Cuentas "en el plazo de tres meses desde su aceptación".

La Ley de Financiación de Partidos Políticos aprobada en 2007 establece: "Las cantidades donadas a los partidos políticos deberán abonarse en cuentas abiertas en entidades de crédito exclusivamente para dicho fin. Los ingresos efectuados en estas cuentas serán, únicamente, los que provengan de estas donaciones. A tal efecto, el partido político comunicará a las entidades de crédito en las que tenga cuentas abiertas y al Tribunal de Cuentas, cuál o cuáles son las que se encuentran destinadas exclusivamente al ingreso de donaciones. Las entidades de crédito informarán anualmente al Tribunal de Cuentas sobre las donaciones que hayan sido ingresadas en las citadas cuentas".

El ministerio público quiere comprobar si la cuenta investigada reunió estas características. También está comprobando las fechas en las que se realizaron desde la misma los pagos con apariencia electoral para determinar si están dentro del plazo que la ley considera periodo electoral.

Dos campañas

La línea de investigación de esta pieza separada de Taula se centra en la campaña de las elecciones locales de 2015, cuando se produjo la supuesta operación de blanqueo de capitales. Y en la de 2011, los últimos comicios que Barberá ganó por mayoría absoluta, ya que en los meses anteriores a los comicios se registran cuatro donaciones por importes de 116.000 por parte de alguien identificado como "CyA".

García-Fuster se acogió a su derecho a no declarar para negarse a revelar quién era este donante, al que aludió como un recaudador que le daba a ella las aportaciones de diversos simpatizantes para financiar las campañas. Desde el año 2006, este misterioso recaudador aportó un total de 245.000 euros a la cuenta del partido.

El artículo 5 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos veta las "donaciones anónimas" a las formaciones para dificultar que reciban fondos de origen ilícito o que contravenga otras prevenciones fijadas por la norma. Ante la negativa de García-Fuster, el juez pide al Tribunal de Cuentas que indique si por este cauce el partido sí identificó a estos donantes.

El juez ha preguntado, además, a la Intervención del Ayuntamiento de Valencia si la cuenta bancaria "abierta a nombre del Grupo Popular era una cuenta objeto de control o supervisión contable" por parte del Consistorio. El objetivo, según fuentes del caso, es comprobar si desde la Administración sí que se vigiló el funcionamiento de esa cuenta o tampoco.

Comité de campaña

En el escrito en que el que se defendió de las acusaciones de la fiscalía, Barberá alegó que ella no se ocupó en 2015 de las cuestiones de organización y financiación de la campaña porque su misión era conseguir votos al tiempo que seguía dirigiendo el Ayuntamiento, trabajos que la dejaban sin tiempo para otros "quehaceres". La exalcaldesa derivó la responsabilidad en un comité de campaña. Los investigadores apenas han encontrado, sin embargo, evidencias del funcionamiento de ese comité de campaña, de donde supuestamente partió la idea de que cada miembros del grupo municipal aportase 1.000 euros para financiar la campaña. Un dinero que según mantiene Anticorrupción les fue devuelto en metálico.

Ni García-Fuster ni el exportavoz popular en el Ayuntamiento, Alfonso Novo, han sabido decir quiénes se reunían, ni dónde lo hacían, y han señalado que no se levantaban actas de las reuniones. Por ello el magistrado ha vuelto a citar a declarar a dos de las personas que figuraban supuestamente en comité. Se trata del exvicealcalde Alfonso Grau, que según la información suministrada por Barberá fue "coordinador de campaña", citado como testigo. Y de Cristóbal Grau, "coordinador de programa", llamado como imputado —investigado según la nueva denominación judicial—.

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