La juez pide al Supremo que acredite el aforamiento del diputado Clavell

La defensa alegó falta de competencia sobrevenida del juzgado de Nules en febrero de 2016, con la causa ya preparada para enjuiciar al exalcalde de La Vall d'Uixó por malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales. Clavell solicita que la investigación sea remitida al Supremo por su condición de aforado

Óscar Clavell, exalcalde de La Vall d'Uixó y diputado en el Congreso por el Partido Popular, aseguró que dejaría el acta si se abría juicio oral contra él en la causa que instruye el juzgado de Nules. No obstante, la magistrada que ha instruido la causa, Laura Alamán, no tiene competencias para hacerlo porque es aforado.

En este sentido, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules ha remitido un oficio al Tribunal Supremo para que certifique el aforamiento del diputado popular ya que es el único competente para investigarle y, en su caso, enjuiciarle.

Esta petición se enmarca en el procedimiento de legítima defensa iniciado por los letrados del ex primer edil, quienes presentaron un recurso alegando la competencia sobrevenida del juzgado de Nules, precisamente por su aforamiento. Óscar Clavell fue incluido como número dos en las listas del Partido Popular en Castellón, a pesar de que ya estaba siendo investigado por esta causa.

En este recurso, la defensa del parlamentario solicita que la investigación sea remitida al Tribunal Supremo. Por su parte, la magistrada dio por concluida la instrucción a principios de febrero y dejó la causa preparada para juzgar a Clavell por malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales.

Finalizada la instrucción, la juez de Nules aprecia indicios de delito en las actuaciones de Clavell como alcalde accidental de La Vall d'Uixó entre diciembre y enero de 2011 cuando autorizó el pago de casi 707.000 euros a la empresa Secopsa, encargada del servicio de limpieza y basuras, “pese a los defectos en las facturas y pese a la oposición de los funcionarios correspondientes”, según se desprende del auto. Así mismo, la magistrada considera que el ahora diputado hizo los pagos “pese a que la responsable técnico de la ejecución del servicio” le advirtió de que este “no se estaba ejecutando correctamente”.

El Partido Popular y su presidenta en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, respaldan la argumentación de Clavell y convalidan la decisión de abandonar la condición de diputado cuando se abra juicio oral, si es que así lo determina el Tribunal Supremo. De hecho, Clavell accedió a la alcaldía de Vall d’Uixó en sustitución de Isabel Bonig, quien tras ganar las elecciones en 2011 dejó la alcaldía para ocupar la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en el Consell de Francisco Camps.

Nueva investigación

La Fiscalía ha admitido a trámite una denuncia contra el diputado del Partido Popular por la provincia de Castellón, Óscar Clavell, al apreciar un posible delito de prevaricación administrativa en un decreto de concesión de licencia urbanística. El diputado en el Congreso era alcalde de La Vall d'Uixó , autorizó la licencia de obra con dos informes desfavorables de los servicios técnicos y pidió que se ejecutara con la mayor brevedad posible. Clavell firmó el decreto el 12 de junio de 2015, un día antes de la constitución de los ayuntamientos tras las elecciones municipales de mayo y de ceder la vara de mando a la socialista Tania Baños.

El exprimer edil vallero manifestó ante esta nueva causa abierta por la Fiscalía de Castellón que “la infracción era una cuestión insignificante; además, posteriormente el equipo de gobierno ya concedió la licencia de ocupación y se archivó el expediente de legalidad urbanística”. Óscar Clavell asegura desconocer a la persona beneficiada con la modificación de la licencia de obra.

Por lo que respecta a la concesión, la Fiscalía aprecia que la modificación aprobada en contra de los informes técnicos carece de “toda justificación objetiva y/o razonable”, por lo que puede suponer responsabilidades penales. Es en esta falta de fundamento en la concesión en la que el Ministerio Público observa que podría darse el delito de prevaricación administrativa.