Betoret intenta evitar que los trajes que le regalaron jueguen contra él

El abogado de Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, ha argumentado este miércoles que su defendido no puede ser condenado por las adjudicaciones vinculadas a la feria Fitur presuntamente amañadas a favor de la trama Gürtel porque ya lo fue en el caso de los trajes. El letrado lo ha pedido en la recta final del juicio de los contratos de Fitur, que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Tanto la fiscalía como los socialistas han recordado en el juicio que Betoret aceptó una sentencia de conformidad, admitiendo haber recibido trajes y otras prendas de vestir, por lo que fue condenado a devolver la ropa y pagar una multa de 9.600 euros. Lo mismo hizo el exvicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos. El expresidente valenciano Francisco Camps y el ex secretario general del PP regional Ricardo Costa se echaron atrás del acuerdo en el último momento, fueron a juicio y los absolvió un jurado.

"Si hubiese sido conocedor de la existencia de la pieza separada de Fitur evidentemente no se habría conformado", ha señalado el letrado de Betoret. La defensa ha argumentado que volver a condenar ahora al exjefe de gabinete, que se enfrenta en este juicio a una pena de 11 años de cárcel y a 28 años de inhabilitación, supondría transgredir el derecho a no declarar contra uno mismo.

El abogado ha alegado una supuesta discriminación de su cliente respecto a otros exaltos cargos de la Generalitat. Ha mencionado los casos del exvicepresidente del Consell Vicente Rambla y del ex director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Pedro García. La policía también halló indicios de que ambos recibieron regalos de la trama —a García precisamente trajes—que dirigía Francisco Correa. Pero según ha destacado el letrado, esos hechos han sido subsumidos en las respectivas piezas separadas en las que están implicados: Rambla en la de financiación irregular del PP y García en la de la visita del Papa.

Según ha explicado el letrado, la investigación tanto de las piezas de Fitur como del llamado caso de los trajes tiene su origen en un mismo informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). "Este informe constituye el embrión de ambas piezas, como se recoge en el auto en el que se considera apropiado separarlas y en el mismo en el que se indica que no existe relación directa entre los obsequios y adjudicaciones concretas, sino que la finalidad de los mismos fue la de lograr el agasajo, sin finalidad concreta", ha mantenido.

"Se trata de conductas que no pueden ser observadas de forma separada y Betoret ya fue juzgado y condenado por estos hechos, en los que además intervinieron las mismas personas y fueron coincidentes en el tiempo. Si no se estimase la cosa juzgada se quebrarían de forma clamorosa sus derechos a la tutela judicial efectiva", ha defendido el abogado.

La defensa de otro de los acusados, Isaac Vidal, ex jefe del área de Mercados de la Agencia Valenciana de Turismo, ha argumentado que a lo largo del juicio las acusaciones no han podido mostrar "pruebas de que existiese un plan preconcebido para la adjudicación a Orange Market", la empresa de Gürtel en Valencia.

El letrado ha argumentado que Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, y que también se encargaba en exclusiva de los actos del PP regional, fue elegida por su capacidad para crear un pabellón "atractivo y original". Y al hecho de que presentase diversas mejoras a la propuesta base. La empresa de Gürtel ganó el concurso desde la primera edición a la que se presentó, en 2005, hasta la de 2009, cuando sus responsables fueron detenidos por orden del entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

En su alegato final, la defensa de Pérez argumentó que su cliente era "fanfarrón", y que ese factor explicaba las conversaciones intervenidas por la policía, de las que se desprende un supuesto trato por parte de la Generalitat a favor de su empresa. La de la Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo, para quien la fiscalía pide 11 años de prisión, argumentó que nunca tuvo trato de confianza con Pérez, y que conoció a los miembros de la red en el juicio.

El ministerio público pidió la semana pasada la condena de seis miembros de Gürtel y siete personas que tenían responsabilidad en la Generalitat. Respecto a los primeros solicitó, además, que fueran considerados miembros de un grupo criminal.