Los concejales del PP de Valencia se niegan a entregar su acta a Bonig

Los nueve concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia, investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales y suspendidos cautelarmente de militancia, no entregarán su acta como exigía la presidencia regional del partido, Isabel Bonig. El plazo dado por la dirigente regional acaba hoy y los ediles le han entregado un escrito en el que aseguran que no darán ningún paso más hasta que lo ordene la dirección nacional del PP.

Los concejales, independientes pero adscritos al Grupo Popular del Ayuntamiento, alegan para explicar su negativa que la comisión nacional de garantías del PP tiene abierto un expediente informativo sobre el caso por el que son investigados por la justicia y que no darán ningún paso más hasta que Génova lo ordene.

La dirección regional del PP toma nota de la decisión de los ediles y elevará un informe jurídico a Génova, en el que argumentará que los ediles acordaron con Bonig presentar su dimisión después de que se levantase el secreto de sumario del caso Taula. Llegado el momento, los concejales de Valencia se negaron a entregar el acta, incumpliendo el pacto, sostiene el entorno de Bonig.

La presidenta del PPCV se ha remitido a la dirección nacional del PP al ser interrogada este martes por la negativa de los nueve concejales de Valencia. Bonig, que ha visitado Orihuela (Alicante), ha manifestado que su postura sigue siendo "exactamente la misma". La dirigente ha apelado al acuerdo al que se llegó con esos concejales y ha anunciado que enviará a la dirección en Madrid un informe "jurídico" y que será Génova quien tome "las decisiones que estime oportunas".

A ese respecto, ha desvelado que el informe detallará los acuerdos que se alcanzaron con los concejales y "todo lo que ha pasado". Cuando "acabe el expediente de Génova, en vista del resultado de ese expediente, actuaremos" y ha agregado, al ser preguntada por los tiempos que manejan cada una de las dos direcciones, que son "totalmente compatibles".

Además, ha entendido que por el informe jurídico habilita a abrir "perfectamente" un expediente disciplinario contra los concejales valencianos, aunque ha recordado que antes es preciso esperar a que acabe el proceso de Madrid porque, según ha matizado, no sabe "cómo va a acabar".

Comisión de investigación

Mientras se dirime la investigación interna del PP, el Ayuntamiento de la capital valenciana ha constituido hoy la comisión de investigación del caso Taula, que presidirá el concejal de Compromís Carlos Galiana, y contará como vicepresidentes con la socialista Sandra Gómez y el edil de Ciudadanos Fernando Giner. El objeto de la comisión es "depurar responsabilidades políticas" por el presunto caso de blanqueo.

El plan de trabajo de la comisión de investigación se votará en la próxima sesión, fijada el 3 de mayo. Compromís, PSPV, València en Comú y Ciudadanos han manifestado que citarán para que comparezca a la senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. "Es cierto que no tiene la obligación legal de venir, pero sí la obligación  moral", ha declarado Peris. 

Eusebio Monzó, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia y único edil que no está investigado en el caso Taula, ha manifestado a la salida de la sesión constituyente que espera que la comisión "no se convierta en un juicio paralelo a los concejales", que, según ha destacado, ya están siendo investigados por la comisión nacional de garantías del partido.

Monzó se ha aferrado al auto del pasado 23 de marzo en el que el juzgado que instruye el caso Taula deniega al Ayuntamiento de Valencia que se persone como acusación particular en el proceso dado que no se ha detectado un quebranto económico en las arcas municipales.

"Ella [Rita Barberá] era la jefa. Ya no es solo que no estuviera al tanto de la financiación de la campaña electoral, es que ella tiene que dar una explicación porque fue la primera autoridad local de esta ciudad durante años", ha remachado la concejal socialista Sandra Gómez.

Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos, ha insistido en que no se trata solo de depurar responsabilidades políticas sino de garantizar a los ciudadanos para que casos como este no se vuelvan a repetir. "Estamos hablando de regeneración democrática", ha dicho.