Las instituciones alavesas piden el desmantelamiento de Garoña

Las principales instituciones de Álava, la Diputación, las Juntas Generales y el Ayuntamiento de Vitoria, y cerca de un centenar de colectivos sociales y entidades locales han reclamado hoy en la capital alavesa el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

Cerca de 150 entidades locales y colectivos se han adherido a una iniciativa promovida por la Cámara provincial, apoyada por todos los grupos excepto el PP, en contra de que se apruebe una prórroga de explotación de la central ubicada a unos 40 kilómetros de Vitoria.

Ayuntamientos, concejos, cuadrillas, asociaciones profesionales, deportivas, culturales, ecologistas y de vecinos, sindicatos y partidos han participado en el acto organizado por las Juntas Generales para que se viera "el rechazo unánime" de la ciudadanía a un hipotético permiso de reinicio de la actividad de la central.

Durante una hora representantes de todos estos colectivos e instituciones han ido recogiendo un globo amarillo en el que han puesto su nombre para posteriormente atarlo a una estructura colocada en el centro de la plaza de la Provincia.

El último globo lo han colocado el diputado general de Álava, Ramiro González, y el presidente de las Juntas Generales, Pedro Elósegui, momento en el que esa estructura que simbolizaba la opinión mayoritaria de la sociedad alavesa se ha elevado para mostrar el rechazo a Garoña y a favor de la "utilización progresiva de energías alternativas no contaminantes".

Dos periodistas vitorianos han leído el manifiesto acordado por los convocantes en el que se recuerda que el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó el pasado 3 de febrero, por cuatro votos contra uno, los cambios que permitirán un prolongamiento de la actividad de Garoña hasta 2035.

"Resulta cuanto menos sorprendente que cuatro personas decidan sobre la viabilidad de una central nuclear obsoleta con más de cuarenta años de existencia, hermana gemela de la de Fukushima, que en 2011 provocó la mayor catástrofe nuclear después de la de Chernobil", añade.

Consideran un "escándalo" que esas cuatro personas "decidan sobre la seguridad de más de un millón de seres humanos y el medio de vida de otro millón más que se vería afectado por la destrucción que una fuga o cualquier otro tipo de accidente provocaría en 100.000 hectáreas de regadío, sin hablar de los residuos radiactivos ya existentes y por venir, cuya gestión sigue siendo incierta".

Las instituciones y colectivos convocantes recuerdan que Garoña lleva parada casi cuatro años y "nadie la ha echado en falta, a no ser los perceptores de los beneficios económicos que su actividad genera y que, de un modo u otro, seguirá generando en el caso de que los nuevos gestores escindan el contrato que el Gobierno saliente parece dispuesto a firmar y cuya compensación económica supondría millones de euros al erario público".

"Quienes reclamamos el desmantelamiento definitivo de Garoña no somos voceros ignorantes contrarios a los avances tecnológicos -concluye- sino personas conscientes del daño ocasionado por la voracidad económica y especulativa de unos pocos en detrimento de la gran mayoría".