El Atlético espera la luz verde de la Comunidad para comprar la parcela de La Peineta

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de la capital, José Manuel Calvo, ha recalcado esta mañana que, tal como adelantó EL PAIS, el Ayuntamiento venderá al Atlético de Madrid la parcela municipal en la que el club de fútbol está construyendo su nuevo estadio de La Peineta. Aunque la operación es contraria a la promesa del gobierno municipal (Ahora Madrid) de no enajenar suelo público, le obliga a ello el convenio firmado en 2008 por el ex alcalde Alberto Ruiz-Gallardón (Partido Popular). La venta estuvo a punto de cerrarse hace un año, cuando gobernaba Ana Botella (Partido Popular), pero se frustró por las consideraciones urbanísticas de la Comunidad de Madrid (en manos entonces de Ignacio González, del Partido Popular), que disparaban el precio de la parcela. El Ayuntamiento ha recalcado que la operación sigue pendiente del beneplácito de la Comunidad (ahora gobierna Cristina Cifuentes, del Partido Popular), que según ha podido saber EL PAÍS está dispuesta a dar luz verde a la operación.

El Atlético se mudará así en junio de 2017, cuando concluyan las obras, a La Peineta, tras solucionar el problema que más le preocupa dentro de un embrollo urbanístico a varias bandas y con muchos flecos pendientes. El club quiere tener en propiedad la parcela municipal, y por el precio pactado con el Ayuntamiento (44,5 millones de euros). El año pasado esa compra se frustró por diferencias con la Comunidad de Madrid que, tras las elecciones de mayo, parecen solucionadas.

Alberto Ruiz-Gallardón se comprometió en 2008 a vender la parcela al club (so pena que éste se quede en el Calderón y el Ayuntamiento deba pagar los 200 millones de La Peineta), pero para ello era necesaria una modificación urbanística para que el suelo deportivo pasara de uso público a privado.

Ésta se aprobó de forma inicial con Botella de alcaldesa, hace un año, pero el Gobierno regional, presidido entonces por Ignacio González, calculó unas cargas urbanísticas por cesiones de redes que obligaban a duplicar el precio de la parcela (su tasación se actualizó entonces, pasando de los 41 millones en 2008 a 44,5). La modificación urbanística se congeló pues a la espera de las elecciones municipales y autonómicas de mayo.

En la ciudad ganó Ahora Madrid, dispuesto a vender la parcela al Atlético, como lo estaba Botella, porque así está comprometido en el convenio firmado por Gallardón, cuyo incumplimiento acarrearía un alto coste para la ciudad. En la Comunidad ganó el PP, pero no con González sino con Cristina Cifuentes. El nuevo Gobierno regional está dispuesto a ajustar las cargas urbanísticas a lo acordado en su momento, permitiendo así que la operación se lleve a cabo.

Tres campos de batalla

La Operación Calderón tiene en realidad otros dos campos de batalla, y la intención del gobierno municipal y del club es solucionarlos al alimón antes de la próxima primavera. Como adelantó EL PAÍS, el Atlético ha recomprado a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) los derechos de superficie de la parcela del estadio Vicente Calderón, que pretende vender el año que viene. Ha aceptado para ello modificar el plan urbanístico actual, aprobado en 2014 por el anterior gobierno local (PP) y que no gusta al actual. Rebajará la edificabilidad, y renunciará a los dos rascacielos previstos, siempre teniendo en cuenta que la venta del suelo debe reportarle unos 170 millones de euros. Esa es la cantidad (con intereses) que ha pedido prestada a Carlos Slim, máximo accionista de FCC, para acabar La Peineta. La constructora ha salido de esa obra, presupuestada en más de 200 millones, sin indemnización.

En paralelo a ese cambio urbanístico, el Ayuntamiento prevé aprobar el que afecta al antiguo anillo olímpico, un ámbito de 1,13 millones de metros cuadrados en el distrito de San Blas-Canillejas donde, además de La Peineta, se encuentra el Centro Acuático, a medio construir y abandonado desde el fracaso olímpico. Se trata de suelo municipal, incluida la parcela del estadio del Atlético. El club está dispuesto a asumir el Centro Acuático (que ha costado 55 millones de dinero público pero necesita otros 50 para acabarse), convirtiéndolo en centro deportivo y de ocio para sus socios, oficinas y residencia de jugadores, y en un polideportivo de uso público como desea el Ayuntamiento. Levantaría además una ciudad deportiva a su alrededor, con 11 campos de fútbol. Todo ello, en régimen de concesión, sobre suelo público que en unas décadas revertiría a la ciudad. Pero por lo que no pasa es por no tener su estadio en propiedad.