Afectados por el almacén Castor piden indemnización por la “angustia”

La movilización vecinal que manifestó su oposición a la instalación del almacén de gas frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y Alcanar (Cataluña) ha encontrado una vía para reclamar los daños ocasionados por “la angustia, el estrés y el sufrimiento” padecidos a raíz de la tramitación para instalación de la plataforma y de los terremotos de septiembre de 2013.

Los afectados consideran que entre la acción de ubicar la plataforma Castor y los seísmos existe un nexo de causalidad que ha provocado daños a la ciudadanía. Por ello, han decidido poner en marcha una asociación que vehicule una demanda colectiva para reclamar indemnizaciones por la responsabilidad civil derivada de la sucesión de terremotos inducidos por la acción del hombre.

Los impulsores de la nueva asociación son algunos de los miembros de la Plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sènia, entre los que se encuentra Joan Ferrando, que es el presidente y portavoz de Aplaca (Afectados por la Plataforma Castor). La plataforma registró ya en 2007 más de 16.000 alegaciones en contra de la instalación del almacén de gas, en las que advertían que su funcionamiento podría generar terremotos dada la proximidad de la falla de Amposta.

En este sentido, el propio Ferrando ha declarado en la presentación de la asociación en Castellón que “el proyecto Castor es un fracaso en el plano técnico y en el económico” y apela a los afectados para que “no se callen y hagan valer sus derechos ante la frustración de ver cómo tan solo los poderosos cobran indemnizaciones”. Además, Ferrando ha llamado a los afectados a reclamar para ser “muchos y unidos”.

La nueva asociación cuenta con el respaldo de Global Justice Network, una entidad internacional que aglutina diversos despachos de abogados y que están especializados en la asistencia legal a víctimas de grandes accidentes en transporte de pasajeros, así como en reclamaciones financieras, médicas, medioambientales o de protección a los consumidores.

En cuanto al número de afectados por los seísmos que pudieran adherirse a la asociación, los impulsores no se atreven a estimar una cantidad concreta, pero apuntan que potencialmente los afectados pueden llegar aproximadamente a 50.000, que es la población que engloba el área en el límite de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Para ello han habilitado un sitio web en el que invitan a sumarse a la causa a aquellos que se consideren perjudicados.

En el plano jurídico, la entidad basa sus argumentaciones para vincular seísmos y la inyección de gas en dos respectivos informes técnicos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico y Minero de España que concluyen que el origen de la sismicidad está temporalmente inducido por la inyección de gas y que son la respuesta a las condiciones tensionales de las placas entre las que se asienta el almacén.

Así mismo, el juez instructor de la causa que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas, ha reconocido en un auto de febrero de 2016 que los ciudadanos tienen derecho a personarse individualmente en la causa como perjudicados, en contra del criterio de algunos de los investigados.