Los independentistas sortean con argucias al Constitucional

Los independentistas están aplicando diversas argucias para sortear los vetos del Constitucional y seguir con su estrategia. En unos casos, los organismos que fueron suspendidos se mantienen: ayer el Gobierno catalán creó tres órganos para sustituir el Comisionado para la Transición y cambió el nombre del Departamento de Asuntos Exteriores, pero sin modificar sus objetivos. Otras veces el Parlament ha ignorado a sus propios juristas o los avisos del Gobierno, como ocurrió con la comisión de estudio del proceso o las leyes de ruptura.

En las últimas 48 horas se han adoptado cuatro acuerdos que evidencian esa voluntad de continuar adelante con lo que los independentistas califican como el "mandato democrático" surgido de las elecciones del 27 de septiembre: lograr la independencia de Cataluña. Cuatro patas básicas para preparar el proceso de desconexión de España, principal objetivo del Gobierno de Junts pel Sí y de la CUP para esta legislatura.

La Mesa del Parlament aprobó ayer crear las tres ponencias para elaborar las leyes de ruptura —de protección social, régimen jurídico y administración tributaria— pese a que los servicios jurídicos de la Cámara cuestionan el procedimiento empleado y su constitucionalidad. Estas consideraciones fueron ignoradas por los cuatro miembros de la Mesa de Junts pel Sí, incluida la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por lo que se dio carta blanca para iniciar el trámite de las tres leyes de desconexión de España.

Solo Junts pel Sí y la CUP apoyan hacerlo en una ponencia conjunta, un procedimiento reservado a temas que generan unanimidad, pero que en este caso cuenta con la oposición de Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya Sí que es Pot. PSC y PP pedirán la reconsideración del acuerdo y, si se desestima, el partido de Mariano Rajoy recurrirá al Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos de los diputados.

La de ayer no es la única decisión que Junts pel Sí toma sin tener en cuenta la opinión del resto de la Cámara. Así, el pasado lunes el Parlament convocó para el próximo día 8 la comisión de estudio del proceso constituyente, en la que Ciudadanos y PSC no participan y que ha sido impugnada por el Gobierno en funciones en forma de incidente de ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la declaración soberanista de noviembre.

En paralelo, el Govern adapta sus estructuras para burlar al Constitucional y seguir trabajando en la secesión. Ayer aprobó cambiar el nombre del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia por el de Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales, Exteriores y Transparencia. Un matiz con escasos efectos —solo se notará en la documentación— con el que la Generalitat pretende tener "seguridad jurídica". Aunque el consejero, Raül Romeva, soslaya la suspensión y sigue haciendo política exterior, el Gobierno envió alegaciones al alto tribunal y solicitó que se levante el veto.

Comisionado derogado

Otra de las áreas suspendida por el Constitucional es el Comisionado de la Transición Nacional, llamado a pilotar el camino hacia la secesión. Puigdemont lo derogó ayer, pero repartió sus funciones en diferentes organismos. Para evitar otra impugnación, la Generalitat huye de nombres rupturistas y enmarca la nueva área en el "desarrollo del autogobierno". La estructura tiene varias patas que tutelarán Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras para mantener el equilibrio interno del Gobierno.

El Instituto de Estudios Autonómicos, dedicado a explorar los límites del Estatut, se convertirá en Instituto de Estudios del Autogobierno. La Generalitat creará la Secretaría para el Desarrollo del Autogobierno y la Oficina para la Mejora de las Instituciones de Autogobierno. Los organismos —sin ningún coste adicional, según la portavoz Neus Munté— coordinarán a los departamentos para que trabajen unidos por la independencia.