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Los jueces podrán suspender desahucios a personas excluidas

Los servicios sociales tendrán acceso rápido a la información sobre la población vulnerable

Ángeles Lucas
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, firma el convenio por el que los jueces informarán a los servicios sociales de los desahucios, en Sevilla.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, firma el convenio por el que los jueces informarán a los servicios sociales de los desahucios, en Sevilla.

Nuevas medidas para evitar que las personas que puedan caer en riesgo de exclusión sean desahuciadas. Los jueces comunicarán a los servicios sociales los lanzamientos en situaciones de vulnerabilidad e incluso podrán suspender sus decisiones, según se recoge en un convenio firmado este martes por la Junta de Andalucía, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)  y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). "Esto permite abordar de forma coordinada el drama social que suponen los desahucios y la detección pronta de los que supongan problemas de riesgo de exclusión para poder actuar con tiempo", ha apuntado el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez tras la firma del convenio en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, a la que ha asistido la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

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El acuerdo, que entra en vigor este miércoles, permite a los técnicos de los servicios sociales tener acceso inmediato a la documentación de los afectados para que, tras analizar sus perfiles, se propongan medidas alternativas al desahucio. La medida incluye que los jueces puedan paralizar los lanzamientos, según se considere en cada caso concreto, si detectan situaciones de riesgo. "El convenio contempla un Protocolo de Actuación que, en situaciones de ejecución hipotecaria, se inicie con la información sobre el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que los afectados puedan dirigirse a la entidad acreedora y proponerle las medidas que considere oportunas o formular alegaciones", se lee en la información divulgada por la Consejería de Presidencia.

Proceso de escolarización

Desde este martes hasta el próximo 31 de marzo queda abierto el proceso de escolarización para el curso 2016-2017, en el que se gestionarán las matrículas de 1,46 millones de alumnos. La cifra supone 39.350 plazas más que en este curso, un aumento que se debe tanto a la evolución demográfica como al nuevo alumnado de otros territorios y al trasvase de población de la escuela privada a la pública, según informa la consejería de Educación.

"Hay que recordar que esta gestión solo se debe hacer para menores en primera matriculación o para aquellos que vayan a cambiar de centro", ha apuntado la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, tras presentar en el Consejo de Gobierno un informe sobre esta gestión. "Es un proceso hecho para que nadie tenga duda de que va a estar bien atendido. El pasado año, el 93% consiguió plaza en su primera opción, el 97% en alguno de los centros elegidos y las reclamaciones se redujeron a un 3%", ha apuntado la consejera.

La información se puede consultar en el Portal de Escolarización de la Consejería, en el número de teléfono gratuito 900 848 000  y mediante la aplicación de móvil ¡Escolariza.

Entre los compromisos de las distintas administraciones, la consejería de Justicia informará a los deudores la opción de solicitar un abogado de oficio, el CGPJ fomentará la colaboración con el cuerpo de justicia, y la FAMP promoverá la adhesión al convenio de las entidades locales, entre otras funciones. El Ayuntamiento de Sevilla ya ha informado de su adhesión inmediata al convenio.

Estas medidas se suman a las propuestas por Izquierda Unida en la anterior legislatura en la Ley de Función Social de la Vivienda. Desde 2012, el Gobierno andaluz ha atendido a cerca de 10.000 personas afectadas por ejecuciones hipotecarias. "Contamos con una ley pionera y comprometida que no podemos desarrollar en su totallidad por el recurso que interpuso el Gobierno popular para que no fuese así", ha declarado Vázquez.

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Por otra parte, el Consejo de Gobierno se ha posicionado en contra de la proposición del ley del PP sobre el impuesto de sucesiones y donaciones. "Los que pagan este impuesto son los que más tienen, los ricos", ha declarado Miguel Ángel Vázquez, que no obstante, ha matizado que la Consejería de Hacienda ya revisa la figura tributaria y que la Junta mantiene su compromiso de modular el salto del mínimo exento para no tributar, que se sitúa en 175.000 euros. Durante el 2015, el número de declarantes fue de 267.553, de ellos el 7% tuvo que pagar impuestos, según datos del portavoz. La secretaria general del PP en Andalucía, Dolores López, ha pedido a Díaz y a Ciudadanos que reflexionen sobre este impuesto después de que hayan logrado 80.000 firmas en 15 días, recoge Europa Press.

 

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Sobre la firma

Ángeles Lucas
Es editora de Sociedad. Antes en Portada, Internacional, Planeta Futuro y Andalucía. Ha escrito reportajes sobre medio ambiente y derechos humanos desde más de 10 países y colaboró tres años con BBC Mundo. Realizó la exposición fotográfica ‘La tierra es un solo país’. Másteres de EL PAÍS, y de Antropología de la Universidad de Sevilla.

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