El Parlament pide al Constitucional que tolere la comisión del proceso

El Parlament de Cataluña ha reclamado al Tribunal Constitucional que permita la creación de la comisión de estudio del proceso constituyente y no admita a trámite el recurso del abogado del Estado o, en todo caso, lo desestime. Los juristas de la cámara consideran que la creación de esa comisión no contraviene la sentencia del Alto Tribunal que anuló la declaración secesionista del 9 de noviembre y que motivó un recurso del Gobierno en forma de incidente de ejecución de aquella sentencia.

Después de aquella impugnación, el Constitucional dio un plazo de diez días al Parlament para que presentara sus alegaciones. En ese escrito presentado esta mañana, los juristas de la cámara defienden la legalidad de la comisión de estudio, a la que consideran "un acto parlamentario no normativo o resolutivo, sino un acto de inicio de un procedimiento".

Las alegaciones argumentan que esa comisión es "un acto de trámite, no tiene capacidad alguna para incumplir una sentencia judicial", en referencia a la resolución dictada por el Constitucional. Se trata, añaden los juristas, de un acto "sin efecto externo alguno", sin que pueda presuponerse que de la comisión de estudio surgirá un "futuro resultado" contrario a aquella sentencia que anuló la declaración independentista.

En ese sentido, los juristas recuerdan que la comisión de estudio ha estado apoyada por fuerzas políticas que no votaron la declaración del 9 de noviembre, en referencia a Catalunya sí que es Pot, que se sumó a la iniciativa después de que Junts pel Sí y la CUP renunciasen a la idea inicial de crear una comisión legislativa sobre la independencia.

El resto de fuerzas políticas (Ciudadanos, PSC y PP) ya anunciaron que no acudirían a los trabajos de la comisión, que solo se ha reunido en una ocasión, para constituirse. Su presidenta, Muriel Casals, falleció el pasado día 7 de febrero y la remplazará el también diputado de Junts pel Sí Lluis Llach.

Las alegaciones del Parlament rebaten el escrito del abogado del Estado porque "sospecha" que cualquier iniciativa que adopte la cámara está conectada con la resolución del 9 de noviembre. "La premisa de que parte es equivocada", dicen los juristas de la cámara.

"Admitir la tesis del incidente sería tanto como aceptar que el Parlamento no dispone de autonomía interna para desarrollar sus funciones ni para decidir sobre el trabajo parlamentario... cuando aún no se ha producido un acto idóneo para producir una contravención" de la sentencia, dicen las alegaciones.

En otro apartado, los juristas del Parlament censuran la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy. Aseguran que está pensada únicamente para combatir el proceso soberanista catalán y añaden que es "altamente significativo" que la reforma la escenificase el dirigente del PP catalán Xavier García Albiol, "que ni siquiera era diputado en el Congreso", como también lo son las declaraciones que efectuó entonces con la frase "se ha acabado la broma".

El Parlament cuestiona la constitucionalidad de esa reforma, así como el procedimiento seguido para acordarla. Por todo, los juristas reclaman que, ya que los magistrados del Tribunal Constitucional no pueden cuestionarse a sí mismos, sí hagan "un uso especialmente cuidadoso del nuevo marco legal" introdujo la reforma.