La Generalitat desobedecerá al TSJC y no modificará su política lingüística

La directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Ester Franquesa, ha asegurado este viernes que la sentencia del TSJC hecha pública ayer que anula parte del protocolo de usos lingüísticos en el sector público de Cataluña no hará modificar la política lingüística del Gobierno catalán. Según Franquesa, los funcionarios continuarán atendiendo al público en catalán y prevaldrá el derecho del ciudadano a utilizar la lengua que quiera.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló ayer parte del protocolo de usos lingüísticos en el sector público de Cataluña, entre ellos los artículos que fijaban el catalán como lengua de comunicación entre el personal y que todas las conversaciones se tenían que iniciar en este idioma.

La sentencia de la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal catalán da la razón al adjunto de cirugía pediátrica del Hospital Joan XIII de Tarragona en contra del Protocolo de usos lingüísticos para el sector sanitario público de Cataluña y del Protocolo de usos lingüísticos para la Generalitat de Cataluña y del sector público que depende de ella.

En declaraciones a Catalunya Radio, Franquesa ha calificado la decisión de "alarmante" y "sin ningún fundamento". La sentencia, según Franquesa, "no implicará una modificación de la política lingüística que aplicamos. No habrá ningún cambio en las relaciones de comunicación con el ciudadano porque, como establece el decreto, que es en el que se basa, dice que la lengua de uso normal en la administración pública de Cataluña es la lengua catalana".

"Es una sentencia política. Pensamos que lo mismo que se está recomendando y que está funcionando en la administración en estos momentos, hace más de 35 años que se está siguiendo e intentando normalizar. Por tanto, ahora el contexto político es diferente y lo que busca es el intento de politizar, vía judicial, aquello que no correspondería", ha añadido Franquesa.

El tribunal ha acordado anular el artículo de los protocolos que establece que "la lengua de comunicación entre el personal debe ser la catalana, tanto presencialmente como por teléfono, en la megafonía, en las reuniones de trabajo, etc, especialmente ante terceras personas: usuarios y sus familiares, y personal sanitario o laboral externo". Para el tribunal, el "contenido imperativo" de este artículo se "extralimita" del marco normativo fijado por el Estatut de Cataluña.

El Govern no recurrirá la sentencia

La consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, ha dicho este viernes que el Govern no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el protocolo de usos lingüísticos de la Generalitat, aunque ha sostenido que "últimamente hay sentencias diversas que se pueden interpretar más en clave política que no estrictamente judicial"

Lo ha dicho en declaraciones a La Xarxa recogidas por Europa Press después de que el TSJC haya anulado parcialmente el protocolo de usos lingüísticos de la Generalitat de Catalunya que obliga a los trabajadores públicos a hablar catalán entre ellos y a dirigirse en este idioma a los ciudadanos.

Borràs ha afirmado que la Generalitat no presentará recurso porque "no es un tema normativo, obligatorio para el trabajador", sino que es orientativo, y ha asegurado que esta decisión del TSJC no ha alterado nada.

Por su parte, la directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Ester Franquesa, ha incidido en que la sentencia "no implicará una modificación de la política lingüística" ni un cambio en las relaciones de comunicación con el ciudadano.

Ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio que se trata de una "sentencia política", y ha explicado que lo que está funcionando en la administración en la actualidad hace más de 35 años que se está siguiendo y tratando de normalizar.