¿Qué España quiere el PSOE?
La “reforma constitucional” es la nueva versión de una vieja treta
Nadie duda ya que el modelo autonómico de la Transición está en crisis. La cuestión catalana sólo es la punta del iceberg de una problemática más amplia. Vale un ejemplo: Mireia Grau (Instituto de Estudios Autonómicos) mostró en una conferencia en la Universitat de Girona cómo el consenso alrededor del Estado autonómico se ha debilitado. Mientras, según el CIS, crece en casi todas las comunidades una voluntad recentralizadora, sucede lo contrario en el País Vasco y Cataluña, y solo en Galicia y Baleares se está conforme mayoritariamente con la situación competencial actual.
Los partidos estatales —con excepción del inmovilista PP— estarían de acuerdo en que deben operarse transformaciones. Ciudadanos y Podemos han puesto sobre la mesa, de manera más o menos explícita, sus modelos antagónicos: los primeros defienden una suerte de recentralización, así como el debilitamiento de la realidad plurilingüística; mientras, los segundos apuestan por el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado, fomentando la diversidad de culturas y lenguas, y por el derecho a decidir. La propuesta de un referéndum de la formación morada, inspirada en la del programa electoral de 2012 del PSC (vía artículo 92 de la Constitución), recibiría el apoyo de casi la mitad de españoles —43% según encuesta de Acceso Election Talks.
¿Pero, qué dice el partido que ha recibido el encargo del Rey para formar gobierno? No mucho: “reforma constitucional” y “Revisión del Título VIII y los preceptos conexos. Desarrollar concepto de Estado Federal” (ver documento del PSOE del 8 de febrero dirigido a otras fuerzas). En sus malabarismos para agradar a todos, hasta ahora los socialistas venden solamente procedimiento y forma, no contenido. Un Estado federal puede ser de muchas maneras: uninacional o plurinacional; con diversos niveles de descentralización; simétrico o asimétrico; promocionando o debilitando las diversidades culturales y lingüísticas... Un partido que aspire a gobernar en este momento de agotamiento de los principales consensos del 78, debe concretar, también, el carácter del Estado y la forma de organización territorial a la que se aspira —dos cosas que suelen mezclarse pero son distintas—, así como plantear la gestión de la diversidad cultural, lingüística y, para muchos, también nacional.
Son cuestiones históricamente delicadas que en la Transición tuvieron un abordaje limitado, pero que ahora pueden afrontarse de manera más serena y profunda. En estos 40 años se ha consolidado una más consistente cultura democrática, así como una mayor politización de amplios sectores ciudadanos preocupados por la cosa pública. La cuestión nacional ha dejado de ser tabú.
Sin ir más lejos, hablar claro a Podemos no le ha supuesto un desgaste electoral, todo lo contrario; con solo dos años de vida estuvo a punto de hacerle el sorpasso al centenario PSOE. En Cataluña y el País Vasco (y en el País Valenciano, Baleares y Galicia) la valentía le benefició. Tampoco pagó un coste por ello en el resto del Estado. Cada vez son más los que piensan que la sacrosanta unidad de España solo tiene sentido si las partes que la conforman están de acuerdo en continuar viviendo juntas; en democracia solo desde la fraternidad y la empatía puede construirse proyecto común. Y que la pluralidad y la diversidad deben entenderse como riqueza. Pero no solo esto, una apuesta sólida como la que ha hecho la formación morada ha modificado el propio imaginario de sus votantes. En política los liderajes también construyen y reconstruyen proyectos de país. Así pues, y según la encuesta antes citada, un 86% de votantes de Podemos apoya hoy el referéndum.
Parece que la “reforma constitucional” es para el PSOE la nueva versión de una vieja treta en política: crear una comisión ante cualquier cuestión sobre la que no hay voluntad/capacidad de posicionarse. Ahora bien, los grandes debates pendientes que tiene el país necesitan que los principales actores políticos aporten propuestas substantivas. No basta con marcar mediáticas líneas rojas. En este sentido, y a sabiendas que el “Acuerdo de Gobierno” firmado entre el PSOE y Ciudadanos es de previsible corto recorrido, el tema que se trata en este artículo no ha tenido mayor desarrollo en el documento firmado por ambos partidos. Pero pasada la investidura de la próxima semana que se aventura fallida, si los socialistas quieren ser partido de gobierno deben responder a uno de los retos que tiene España. Solo a partir de una propuesta real y explícita de modelo de país puede empezarse a trabajar, discutir, negociar, transaccionar. Y en ello, el PSC quizás tenga cosas a decir.
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