Una ley exprés permite ejecutar obras de planes urbanísticos anulados

Con un simple trámite de lectura en el Parlamento autonómico, Galicia se ha dotado este martes de una nueva normativa de medidas de urbanismo. La ley exprés planteada por Alberto Núñez Feijóo y aplaudida por el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, ofrece una “solución legal” al bloqueo de infraestructuras claves para la ciudad de Vigo como la ampliación de las instalaciones de PSA Citröen, la Ciudad de la Justicia o la estación intermodal, atascadas al anular el Tribunal Supremo el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 2008 por eludir el trámite de evaluación ambiental.

La nueva norma, aprobada este martes con los únicos votos de PP y PSOE -el BNG se abstuvo y Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y el grupo mixto votaron en contra- supone una modificación de la recién aprobada Ley del Suelo y permitirá también a partir de ahora a cualquier Ayuntamiento de Galicia blindar proyectos estratégicos que no estén incluidos en los planeamientos urbanísticos y desarrollar otros de planes anulados por sentencias.

La ley exprés entra en vigor sin haber sido sometida al informe del Consello Económico y Social (CES), sin consultar a los municipios y, según los grupos que se han opuesto a ella, "incumpliendo" además disposiciones de la ley de transparencia. La norma es el plan alternativo puesto en marcha por Feijóo tras fracasar, por el bloqueo de los diputados de AGE, el intento inicial del PP de incluir la modificación en la Ley del Suelo que requería del respaldo de todos los grupos.

Los parlamentarios de AGE se negaron a aprobar esa modificación alertando de que suponía abrir la puerta al “urbanismo salvaje”. En su opinión, la nueva medida consagra igualmente ese “caos” toda vez que autoriza ejecuciones urbanísticas “sin incluir los trámites de participación pública, evaluación ambiental y acuerdo plenario -solo es necesario un informe de los técnicos-” al tiempo que permite “burlar las sentencias de los tribunales a los que acuden los vecinos cuando no los atiende el poder político”.

Feijóo, no obstante, ha insistido en todo momento en el “rigor” de la ley exprés. El presidente asegura que no abrirá la puerta a intereses especulativos dado que “solo afectará a proyectos estratégicos en los que el promotor sea una Administración pública” -en el caso de la ampliación de Citröen en Vigo el promotor será la Zona Franca- y destaca que se respetarán las resoluciones judiciales ya que paralelamente a la aprobación de estas infraestructuras, los Ayuntamientos “deberán ir adecuando sus planeamientos” a lo exigido en las sentencias. Esgrime Feijóo que se puede acudir igualmente a la Justicia, aunque sea a la última instancia: el Tribunal Constitucional.

El Consello de la Xunta autorizó hace unos días el proyecto de esta ley que este martes fue modificado por los diputados del PP al introducir una enmienda a la totalidad que obligará finalmente a la exposición pública de los proyectos durante 20 días. “¿Cómo es posible que un texto del Gobierno no se incluyese la información pública?”, clamó el diputado de AGE Antón Sánchez sobre la redacción original enmendada por el PP, informa Europa Press.

Sobre esta misma cuestión la diputada del BNG Ana Pontón reprochó que el PP corrigiese el texto inicial del Ejecutivo gallego por una “falta de rigor” de la ley. Para BNG, AGE y Grupo Mixto, el texto aprobado este martes es “una chapuza” que no ofrece garantías jurídicas y ha sido hecho “sin rigor técnico”. El PP, no obstante, garantiza la seguridad jurídica. Antes del debate del texto, la conselleira de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Beatriz Mato, aseguró que la nueva norma “aporta la seguridad jurídica necesaria” y permite agilizar trámites “sin prescindir de ellos” y sin que ello suponga “tomar un atajo”.