Cae una banda que abandonó a 750 ancianos pese a cobrar por cuidarlos

La Guardia Civil ha desarticulado esta mañana en Barcelona a un entramado empresarial dedicado a adjudicarse concursos públicos para cuidar de ancianos y personas dependientes y, tras conseguir el dinero, desentenderse de pacientes y trabajadores. El instituto armado ha arrestado a cinco implicados a los que se les acusa de pertenencia a organización criminal, centenares de delitos contra el derecho de los trabajadores, apropiación indebida, alzamiento de bienes y delito societario. La Guardia Civil también ha practicado el registro de siete domicilios y empresas. El instituto armado calcula que desde el 2010 hasta hoy más de 2.000 trabajadores han sido víctimas de la trama que dejó centenares de nóminas por pagarles. Los agentes calculan que más de 750 ancianos se quedaron sin recibir asistencia pese a que el entramado empresarial había recibido ayudas públicas para el cuidado de estas personas. 

La investigación comenzó el pasado mes de julio cuando el Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona encomendó a la Guardia Civil que investigara una querella presentada contra las sociedades Grupo BB Serveis, Asistencia Global Centro y el Instituto Geriátrico Fénix. Los agentes averiguaron que los responsables de estas empresas habían franquiciado la marca Grupo BB Serveis por toda España presentándose a concursos públicos para la adjudicación de servicios a personas mayores en Ayuntamientos y comunidades autónomas de toda España.

La Guardia Civil sospechó y estiraron del hilo, así comenzó la operación bautizada como Halley. Los agentes comprobaron que una vez se habían conseguido los contratos se desentendían de absolutamente todo. La empresa se limitaba a cobrar y no pagaba los sueldos a los trabajadores ni el pago a la Seguridad Social ni a Hacienda. También prescindían del cuidado de los ancianos.

Los acusados habían, presuntamente, creado un entramado societario con el que conseguían ocultar la identidad de las personas que se hacían con el dinero de las adjudicaciones para posteriormente trasladarlo a paraísos fiscales. Para ocultar su identidad utilizaban testaferros, uno de ellos tenía a su nombre más de 200 empresas y otro era un viejo conocido implicado también en el caso Método 3.

La Guardia Civil ha cuantificado en 34.617.847,25 euros el dinero adeudado a los acreedores entre los que se encuentran trabajadores, administraciones públicas, entidades financieras y proveedores.