Los técnicos desmontan la defensa de Martínez en la depuradora

Los técnicos de la Diputación de Castellón han desmontado en la tercera sesión del juicio del caso de la depuradora de Borriol la tesis de las defensas sobre la falta de memoria y la difuminación de la responsabilidad política de Francisco Martínez, exvicepresidente de la Diputación, y de Adelino Santamaría, exalcalde de Borriol.

En concreto, el Oficial Mayor de la Diputación ha declarado que su firma aparece en los documentos junto a la de Francisco Martínez como reconocimiento de la autoridad de este y a la pregunta de si el político sabía lo que firmaba ha respondido con una afirmación clara: “Sí”.

Así mismo, y a preguntas curiosamente de la defensa de Martínez, el jefe de Planificación de la Diputación, órgano que se encarga de redactar y verificar los aspectos jurídicos y administrativos de las obras, ha manifestado que antes de las comisiones “hay 20 reuniones previas, se ha hablado, se conocen las características de las obras, si hay alguna particularidad”.

De esta manera, se desmorona uno de los argumentos más llamativos de la defensa, que se escudaba en que en la comisión específica en la que se aprobó el proyecto de la depuradora se aprobaron de una vez 16 expedientes y que la reunión duró poco más de 10 minutos. La defensa exponía que en esos 10 minutos era imposible que Martínez conociera los detalles, pero el testimonio deja sin efecto esa suposición.

Más allá, de la declaración de los técnicos de la Diputación de Castellón y del Ayuntamiento de Borriol llama la atención el hecho de que tras estallar el escándalo hubo una directriz política para excluir del proyecto la parcela propiedad de la familia Martínez. Todos los interrogados hoy reconocen esta directriz, pero no aparece reflejada específicamente en ningún documento oficial.

Por ahora, el fiscal no ha podido encontrar ni en el interrogatorio a los acusados ni en de los testigos ningún atisbo de una directriz semejante en sentido contrario. Es decir, nadie, por ahora, ha declarado haber dado o recibido una orden o presión para incluir la parcela propiedad del entonces vicepresidente en el proyecto y que es el objeto principal del juicio.

En este aspecto, cobra aún más relevancia el testimonio del actual presidente de la Diputación, Javier Moliner. Cuando estalló el caso, Moliner tomó la decisión de que la depuradora siguiera adelante pero con la exclusión de la parcela 42. Los técnicos adecuaron el proyecto comprimiendo las instalaciones, peor dejando al descubierto que puede modificarse, incluirse o excluirse una parcela debido a una directriz política. Finalmente, el proyecto inicial no se ha llevado a cabo y la semana pasada se aprobó la construcción de un colector que conecte con la depuradora de Castellón.

Precio de las expropiaciones

Por otro lado, del interrogatorio al interventor del Ayuntamiento de Borriol se extrae que el alcalde conocía al detalle el justiprecio por el que se iba a expropiar los terrenos al menos cinco meses antes de que se firmase dicho convenio. En verano de 2013, el interventor realizó un informe de consignación presupuestaria a instancias del alcalde, Adelino Santamaría, y la cifra que consignó coincide con la que después arrojaría el convenio de expropiación tras el acuerdo con los propietarios.

De la misma manera, tras el testimonio de otro técnico de Borriol se desprende que Santamaría conocía que en la propiedad los terrenos había implicadas más personas que la familia Babiloni, un empresario imputado en la causa y socio de la familia Martínez en diversas empresas. El alcalde requirió al técnico que aclarara con Babiloni de quien era la propiedad, a lo que este respondió que la parcela 42 había sido aportada a una sociedad pero que él tenía poderes para representarla. Esa sociedad era Franvaltur, propiedad de la familia Martínez.