“No permitiremos que se use otra vez el agua como arma política”

Elena Cebrián (Valencia, 1970), ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Valencia, es desde junio de 2015 consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural del Consell. Esta independiente ha trabajado para el Ministerio de Agricultura y para organismos de la Unión Europea. Nada más tomar posesión del cargo tuvo que lidiar con otro episodio de la guerra del agua a cuenta del trasvase Tajo-Segura. Siete meses después de su llegada a la consejería, Cebrián sostiene que no entrará en más guerras: "Hace falta un gran debate estatal sobre el agua, llámese pacto del agua o plan hidrológico nacional".

Pregunta. Son muchos años de conflicto, ¿cómo afronta esta nueva crisis con Castilla-La Mancha por el trasvase Tajo-Segura?

Respuesta. Hemos conseguido cambiar bastante el discurso sobre el agua. Estamos insistiendo desde el pasado verano, que es cuando empezó a enredarse la cuestión del trasvase, que vamos a dejarnos de conflictos y decirle al PP que deje de utilizar el agua como un arma arrojadiza. Es un tema muy serio en el que tenemos que sentarnos y dialogar entre territorios y buscar soluciones mediante el debate técnico, consensuado y tranquilo. Esa es nuestra pelea. Los escenarios de cambio climático nos plantean una situación preocupante en esta zona y tenemos unos sectores económicos y una forma de vida que demanda mucha agua, por eso no podemos permitirnos el lujo de entrar en conflicto.

P. Castilla-La Mancha insiste en los recursos contra el trasvase en un año en el que la sequía afecta a las dos autonomías. 

R. Existe un memorando con validez jurídica, aceptado y aprobado por cinco gobiernos del PP, que garantiza, en función de unos niveles mínimos de los embalses de Entrepeñas y Buendía, unas transferencias de agua del Tajo a la cuenca del Segura. Advertir, además, que afecta a la Comunidad Valenciana pero, sobre todo, a Murcia ya que solo el 30% del trasvase llega a Alicante. Pero, evidentemente, es un recurso esencial para los regadíos de Alicante. Este memorando es más garantista que el anterior sistema porque sube el umbral mínimo a partir del cual se puede trasvasar agua aunque ha coincidido un año extremadamente seco, en el que la provincia de Guadalajara y Entrepeñas y Buendía han llegado a mínimos históricos y, en cumplimiento de ese memorando, las transferencias de agua que se han hecho han sido mínimas. Castilla-La Mancha plantea recursos a las autorizaciones de trasvase porque considera que la situación de los pantanos de cabecera son mucho más graves de la que muestran los datos. El recurso es tanto sobre el contenido de las autorizaciones [que dependen del MInisterio] como por la forma, y ahí es donde tenemos confluencias con el Gobierno castellano-manchego. Las hay y muchas.

P. Se entrevistó hace poco con el responsable de Castilla-La Mancha. ¿Algún avance?

Hay que dejar de ver la desalación como un tabú

R. Pusimos sobre la mesa los puntos de acuerdo y desacuerdo en torno a las cuencas del Júcar y del Segura. Fue muy positivo dialogar con otro territorio que tiene la misma preocupación. Una de las cuestiones que comentamos es la forma en que el MInisterio toma las decisiones, a menudo son unilaterales y sin un diálogo suficiente con los territorios afectados. Las dos comunidades autónomas le decimos al Ministerio que no puede imponernos decisiones que nos afectan a nosotros. Lo que la Generalitat plantea [a diferencia de Castilla-La Mancha] es que el memorando no nos convence pero es un marco legal que proporciona cierta estabilidad y certidumbre.

P. ¿Es partidaria de revisarlo?

R. No solo ese marco legal, otro elemento en el que coincidimos con Castilla-La Mancha o Aragón es en que hace falta otra discusión estatal sobre el agua, llámese pacto del agua, plan hidrológico nacional o como se le quiera llamar. Necesitamos una discusión tranquila y de futuro donde se establezcan las bases de la planificación hidrológica de todas las cuencas españolas, con datos actuales, mucho más comprobados y con proyecciones a futuro que reflejen la escasez hídrica que hay. Hace falta una reflexión global, tanto en las formas de gobernanza, como en el funcionamiento de las confederaciones y en las decisiones que se toman sobre el recurso del agua. En ese marco, plantearíamos nosotros una renovación. También pensamos que el memorando,  al subir el límite de reserva, es más garantista que lo que había antes. El trasvase Tajo-Segura es fundamental para nosotros pero no lo consideramos el único recurso. No vamos a levantarnos en armas para defenderlo porque nuestra visión es que necesitamos una combinación de recursos. El trasvase lo es, la desalación lo es, la reutilización lo es y la eficiencia en las conducciones para evitar pérdidas de agua, lo es. Hay mucho trabajo que hacer también en ahorro del consumo doméstico, industrial y agrícola. Por esa visión de conjunto, me peleo. Por eso, sí. Lo que no vamos a dejar es enredarnos en un conflicto que tenemos que superar. Hay que hacerlo de otra manera porque es demasiado serio. No vamos a permitir que se utilice otra vez el agua como arma política como ha hecho el PP durante años para ganar votos.

P. ¿Qué piensa hacer con la desalación? Ha dicho que la potenciará.

R. Las plantas modernas han mejorado mucho, por eso insistimos en la visión de conjunto: si el agua que viene del trasvase es poca, sea la que sea, la podemos complementar con la desalación. Tenemos la desaladora de Torrevieja que puede complementar toda la zona del sur de Alicante, muy dependiente del Tajo-Segura. Es de la más grandes de Europa, ha costado una inversión tremenda y está actualmente al 35% de su capacidad. Su funcionamiento depende del Ministerio enteramente y para complicar más la película está el caso Acuamed.

P. Los agricultores prefieren el agua trasvasada porque la desalada es más cara.

Tenemos que sentarnos y dialogar entre territorios y buscar soluciones mediante el debate técnico, consensuado y tranquilo

R. Nos constan peticiones de agricultores que están dispuestos a pagar el agua desalada, incluso al precio que sale hoy. El agua más cara es la que no hay. Además, la agricultura ha mejorado mucho los sistemas de riego y se trabajan cultivos con más valor añadido, lo que permite asumir ese coste. E insisto, solo con que la planta de Torrevieja funcionase al 50% se mejoraría mucho el precio. El PP intentó demonizarlas; hubo incluso uno de ellos que las llamó las nucleares del mar y hay que dejar de ver la desalación como un tabú. Gracias a las desaladoras, y eso nunca lo ha querido admitir el PP, se ha suministrado agua a muchas poblaciones. Ya que las tenemos, hagamos que sean más eficientes y lo menos costosas posibles. Porque negar la evidencia es lo que nos está saliendo muy caro.

P. Hablando de agua y de espacios naturales, ¿qué planes tiene para preservar el parque natural de L’Albufera?

R. El plan hidrológico del Júcar, que no vamos a recurrir a pesar de que no estamos de acuerdo con él [la consejera es partidaria de negociar mejoras], no dice de dónde sacar los aportes de agua que necesita el lago. Te dice el mínimo que necesita pero no de donde sacar ese caudal ecológico y eso no es serio. Hubo una aportación de agua en octubre, que mejoró mucho la calidad del agua de la albufera. Pero se hizo por un desembalse de seguridad en Tous.  Sin embargo, ahora llevamos tres meses sin lluvia y necesitamos que llueva. El trasvase Tajo-Segura se proyectó para una transferencia media de 700 hectómetros cúbicos y hasta en los mejores años solo se han transferido 300 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura, lo que demuestra que gran parte de la planificación hidrológica que tenemos está hecha con parámetros del pasado. Y la planificación del Júcar está hecha con mediciones de lluvia de lluvia de los años 80. Y eso no nos vale ahora. No lo recurrimos porque pensamos que hay que ser más prácticos pero vamos a negociar para adaptarlo a la situación real.

P. ¿De qué forma les afecta el escándalo de Acuamed a las infraestructuras hídricas valencianas?

R. Hemos preguntado esto mismo al ministerio hace un par de semanas porque estas infraestructuras son de titularidad estatal. Las ejecuta Acuamed pero son de la Administración General del Estado. Las cuatro obras que están en nuestro territorio que cita el auto del juez que investiga el caso son Torrevieja, precisamente las conducciones, la desaladora de Campello-Mutxamel y obras de prevención de avenidas en el río Serpis y la rambla de Gallinera. Le pedí a la ministra que nos informe y se comprometieron a contestarnos. La Comisión Europea ha iniciado una investigación, dado que algunas de esas obras están cofinanciadas con fondos comunitarios. Es otra lacra más en esta crisis reputacional que nos afecta. Hay que dejar que la investigación prospere y que nos informen. De cara al próximo verano igual necesitamos que la desaladora de Torrevieja produzca más agua.

P. ¿Hasta cuando hay agua si no llueve?

R. En la zona más delicada, que es el sur de Alicante, que en gran medida depende del trasvase Tajo-Segura, podríamos tener dotación con relativa tranquilidad hasta septiembre. En el Júcar y con las recientes lluvias parece que está más estable, aunque en la cuenca se funciona por sistemas y subsistemas y alguno de ellos pueda entrar en alerta. En cierto modo, podemos estar tranquilos de cara al verano, pero eso no quita que aumente la demanda de riego en los meses de invierno por las temperaturas tan cálidas que estamos teniendo. Estamos estudiando con los técnicos ver cuanto supone ese incremento en la demanda de agua porque cultivos que ahora ya no se regaban, por efecto del calor y de una mayor evaporación, necesitan más riego. Estamos ojo avizor.

P. ¿Cuáles son sus líneas rojas en la gestión de residuos?

R. La gestión de los residuos es una de las patatas calientes que nos hemos encontrado en el departamento. Suscribo una frase del secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Àlvaro, cuando dijo que había encontrado cosas del pasado que huelen peor que la propia basura y que vienen a demostrar que había prácticas en determinadas zonas identificadas ya como corruptas, mala gestión, infraestructuras obsoletas o al borde de su capacidad y situaciones muy complicadas. En los primeros meses hicimos un esfuerzo tremendo por reorganizar la gestión y ahora estamos en fase de análisis de las plantas de tratamiento y de cómo conseguir que vaya al vertedero el mínimo de residuos.

Hay que quitarse de la cabeza que la incineración hace desaparecer la basura porque no es cierto; hay unas emisiones graves

Una de esas líneas rojas es que no queremos la incineración a gran escala. Si en casos puntuales hace falta, pues vale, pero como solución global no, porque tiene muchos impactos medioambientales. De hecho, hay sentencias que así lo recogen. Hay que quitarse de la cabeza que la incineración hace desaparecer la basura porque no es cierto; hay unas emisiones de partículas contaminantes muy graves. Para el futuro queremos cumplir mejor la directiva marco de residuos: reducir, reutilizar y reciclar; revisar el Plan de Residuos y echar a rodar pequeños proyectos piloto sobre separación en origen, el quinto contenedor, ecoparques móviles, los retornables, etcétera. El otro día leí que Galbraith ya advertía que uno de los grandes problemas de la sociedad de consumo sería la generación y gestión de residuos.

P. Su departamento se ocupa de los informes de impacto ambiental. Tuvieron algún rifirrafe con la consejería de Urbanismo.

R. Al principio hubo un momento en que costó separar las competencias de una consejería a otra pero es algo normal. Nuestro planteamiento es que el órgano promotor y el evaluador de impactos no pueden ser el mismo. Todo eso se reorganizó bien, hablando y dialogando. Tenemos una comisión en la que están los técnicos de urbanismo y de otros departamentos, está todo muy participado.

P. ¿Ningún tropiezo o diferencia entre los socios de gobierno?

R. No. Está funcionando y es muy operativa y ágil. La evaluación ambiental no debe verse como un si o un no a una inversión. Es un proceso productivo en el que se dice qué debe hacerse [salvo en casos extremos] para que no haya impactos negativos. Les decimos a los promotores: lo puedes hacer si me aseguras esto, si pones una salvaguarda para esto otro, si modificas la tecnología, si colocas una depuradora... Al final le da racionalidad a la planificación territorial.