Puigdemont alegará al Constitucional el carácter simbólico de Exteriores

El Gobierno catalán prepara las alegaciones al Tribunal Constitucional por la suspensión de las funciones del Departamento de Exteriores. Su argumento de base será que la diferencia entre la actividad del área que dirige Raül Romeva y la acción exterior que hacía hasta ahora el Govern es solo un cambio de rango simbólico. Las competencias que ejerce, justificará el Govern, son las mismas que tenía hasta ahora y están reguladas en el Estatuto y avaladas por el Tribunal. Es el argumentario que han manejado esta semana tanto el presidente Carles Puigdemont como Romeva, que admitió el jueves que el Govern no puede hacer la diplomacia de un Estado. Ello no quita que el Departamento siga con su objetivo: extender el mensaje independentista por el mundo.

El Gobierno catalán defenderá ante el Constitucional que sus misiones son básicamente las que anteriormente hacía la secretaría de Exteriores: promoción económica, cultural, y cooperación, atribuciones permitidas a las autonomías y reguladas en decretos no impugnados ante el TC.

El Gobierno en funciones ha tomado buena nota de las intenciones de la Generalitat, que ha avisado de que no modificará su conducta por la suspensión. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el Ejecutivo incorporará a los recursos al Constitucional las declaraciones en las que los dirigentes catalanes dejan claro que incumplirán el dictamen del TC: "Están asumiendo, no por la vía de los hechos pero sí por la vía de declaración política, los motivos fundamentados del Gobierno" para plantear los recursos, apuntó Santamaría. El asunto fue abordado ayer por el consejero de Justicia, Carles Mundó, que mantuvo un encuentro con el ministro del ramo, Rafael Catalá, con el que coincidió en el Colegio de Abogados de Barcelona. Junto al ministro, Mundó insistió en que el Gobierno “ha metido la pata” al impugnar el departamento de Exteriores. Para Catalá, en cambio, “no es razonable” que el consejero Romeva se presente como ministro.

La advertencia no amedrenta a los dirigentes catalanes, que prevén seguir con la actividad de Exteriores. Romeva ha dedicado sus primeras semanas en el cargo a diseñar la estructura del departamento: se ha reunido con los técnicos de las diferentes áreas —también tiene las carteras de Transparencia y Relaciones Institucionales, antes en otros departamentos— y con responsables de las entidades que quedan bajo su amparo, como Albert Royo, secretario general del Diplocat, la red de diplomacia pública de la Generalitat. Más allá de los contactos internos, Romeva se ha reunido con el cónsul de los Estados Unidos y participó en la recepción consular que anualmente celebra el Govern.

El consejero quiere activar cuanto antes su Departamento: como anunció el jueves, planifica sus tres primeros viajes, a Bruselas, Londres, y París. Y está reanudando el proceso para abrir nuevas delegaciones, anunciadas por la Generalitat en junio pasado: Romeva prevé inaugurar la de Portugal en las próximas semanas y la de Marruecos está en trámites. De momento, aparca la del Vaticano, a la espera de encontrar el momento idóneo para abrir delegación diplomática en la santa sede.

La suspensión del Departamento de Exteriores llegó a Bruselas, donde generó opiniones dispares. Eurodiputados de Ciudadanos y UPyD enviaron una carta al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, acusando a Romeva de "falta de lealtad institucional". Los parlamentarios —del grupo liberal, el mismo en el que está Convergència— han querido responder así a la misiva en la que Romeva reclamaba a Schulz apoyo a Cataluña.

El consejero fue defendido por otro grupo de Bruselas, la Alianza Libre Europea, que lidera ERC. "Los catalanes han elegido democráticamente su Gobierno y nos aceptable que España intente socavar su democracia"; lamentó el presidente del partido europeo, François Alfonsi.