El Síndic denuncia una cadena de fallos en el ‘caso Maristas’

Para el defensor del pueblo catalán en todos los casos “se ha desatendido el principio de interés superior del menor”, consagrado en diferentes tratados internacionales. Se trata de un concepto que obliga a los Gobiernos a que sus funciones tengan como objetivo la protección de los niños. Ribó cree que tanto que los Maristas como la Fiscalía y los mossos no cumplieron con este principio al no investigar si había más víctimas del exprofesor Joaquín Benítez, que trabajó en el centro hasta 2011, durante 30 años, y que ha confesado que abusó de al menos dos estudiantes. Las denuncias ante la policía catalana por abusos en el centro educativo y que involucran a otros tres profesores (incluido un directivo que fue cesado) ya llegan a la veintena.

“Ha fallado estrepitosamente el protocolo. Nunca se activó”, dijo Ribó. La actuación de oficio del Síndic se cerró ayer con una reunión de todas las ocho entidades que en 2006 habían firmado el protocolo marco antiabusos. Entre los asistentes estaba la consejera de Enseñanza, Meritxell Ruiz. En la pasada legislatura, Ruiz era la Directora General de Atención a la Familia y la Comunidad Educativa.

De acuerdo con el Síndic, las partes no fueron prolijas en la autocrítica. “La opinión general es de que si ha pasado algo como lo que ha pasado es que algo ha fallado”, contó Ribó. Las partes se emplazaron a otra reunión, el 17 de marzo, en la que se espera que las partes aporten ideas para mejorar el protocolo. Ribó defendió que el texto es adaptable a casos en los que los abusos sean cometidos dentro del centro educativo.

El informe del Síndic concluye que el centro “ocultó” los casos de pederastia y obvió los protocolos al no notificar ni a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) ni a Enseñanza. También establece que la comunidad escolar y las familias tenían derecho estar informados de “la actuación de un docente que podía afectar también a la integridad se sus hijos”.

La actuación del Departamento Enseñanza, desde tiempos del tripartito de José Montilla, también queda en entredicho. Para el Síndic se constata el incumplimiento del “deber de hacer cumplir los protocolos” ni su difusión entre la comunidad educativa y el “establecimiento de su obligatoriedad”. Ribó aclaró además que estos documentos se deben acatar independientemente de la titularidad del centro, lo que desmonta las explicaciones que en su día dieron el departamento de Enseñanza y los Maristas.

Los Mossos y la Fiscalía, por su parte, debieron comunicar sus actividades a la DGAIA, dice el informe del defensor del pueblo catalán. Ribó se mostró respetuoso con la decisión judicial de archivar el caso pero reprochó que la Fiscalía no investigara por su parte sobre si había más abusos en el centro (una facultad que tiene) y que no presentara recurso contra el archivo dictado por el juez después de que la familia decidiera no seguir con la denuncia.

Finalmente, el Síndic recomendó a Enseñanza que revise su actuación en el caso e investigue si hay otros alumnos afectados en el centro. También denunció que la Generalitat nunca desarrolló un centro específico de atención para casos de abusos a menores, estipulado en la ley de protección al menor de 2010. El Ayuntamiento de Barcelona dijo ayer que pedirá la retirada el concierto educativo del centro si se demuestran irregularidades.