Junqueras negocia la salida del alto cargo imputado por el 3%

Esquerra Republicana espera que Josep Antoni Rosell, imputado en el caso Petrum, abandonde pronto Infraestructures.cat, la empresa pública encargada de la mayor parte de la licitación de obra pública de la Generalitat. Fuentes del partido aseguran que confían en la salida en las próximas semanas del investigado por amañar concursos.Abogados de Rosell y de la Generalitat negocian la posible salida del alto cargo, uno de los mejor pagados de la Administración. Fuentes del Departamento de Economía, del que depende la compañía, se limitaron ayer a afirmar que trabajan para hallar “una solución”. El consejero Oriol Junqueras se encontró al asumir el cargo con que Rosell había sido recolocado en la empresa en los últimos días de Gobierno de Artur Mas.

El Gobierno intentó ayer amainar una polémica que ha enfrentado a Convergència y Esquerra, después de que Junqueras expresara su malestar por la recolocación a través de un comunicado de su Departamento. Tras la reunión del Gobierno de ayer, la portavoz Neus Munté, pidió respetar la "presunción de inocencia" de Rosell, al tiempo que tiraba del argumentario del Ejecutivo para subrayar que el investigado fue apartado de la dirección general del ente y ahora no gestiona dinero público ni toma decisiones en Infraestructures.cat. Unas palabras similares a las que el lunes pronunció el consejero de Justicia, Carles Mundó, que añadió su deseo de que no haya imputados en el Gobierno catalán.

ERC confía en poder salir pronto de esta situación, que ha generado malestar en el partido. Desde la semana pasada Junqueras controla Infraestructures.cat desde dentro a través de Joan Jaume, el nuevo presidente de la empresa. Él es el encargado ahora de negociar la salida de Rosell, aunque Economía asegura que tomará una decisión cuando se concluya el informe interno que se abrió en octubre pasado para analizar la gestión del investigado. El juez acusa a Rosell de modificar los concursos públicos para beneficiar a las empresas que supuestamente pagaban comisiones a Convergència.

En otros casos similares la Generalitat ha podido despedir al alto cargo imputado. Es lo que pasó a finales de enero con Ramón Dinarès, un cargo de los Bomberos investigado por manipular contratos de extinción de incendios. El Gobierno lo destituyó de su cargo alegando "falta de confianza".

Munté subrayó que el caso de Dinarès y el de Rosell son diferentes. El despido del ex responsable de Infraestructures.cat es complejo ya que no tiene un contrato de alta dirección y, por lo tanto, no puede ser rescindido de forma automática, según explican fuentes próximas a la empresa. Despedirlo de forma improcedente le costaría una fuerte cuantía económica a la Administración, ya que Rosell es uno de los altos cargos mejor remunerados de la Generalitat, con un salario anual de 139.500 euros, según el Portal de la Transparencia.

Sin tareas concretas

Por ello, supuestamente, el Gobierno de Mas optó por recolocarlo en la empresa. Dos meses después de su detención el consejo de administración de Infraestructures.cat aprobó el nombramiento de Rosell como responsable de internacionalización y I+D de la compañía. El cargo no existía hasta entonces, no figura en el organigrama de la empresa y sus funciones no están especificadas. Fuentes conocedoras de la situación de Rosell aseguran que el investigado no tiene asignada ninguna tarea concreta. Sin embargo, hasta que la semana pasada no se hizo pública su nueva situación, Rosell siguió asistiendo a algunas reuniones en representación de Infraestructures.cat.