Los juristas del Parlament cuestionan el trámite de las leyes de ruptura

La elaboración de las tres leyes de ruptura que prevé el Parlamento catalán por el trámite de crear ponencias conjuntas podría ser un acto arbitrario e inconstitucional. Esa es la conclusión a la que llegan los servicios jurídicos de la cámara en un informe redactado a petición de los cuatro grupos de la oposición, después de que Junts pel Sí y la CUP anunciaran su firme voluntad de redactar las tres normas para “desconectar” de España: de régimen jurídico, administración tributaria y seguridad social.

El PSC y Ciudadanos solicitaron el informe al que después se sumaron el PP y Catalunya sí que es Pot. Los cuatro grupos cuestionaron, con diferentes argumentos la legalidad de crear tres ponencias para redactar unas normas de las que discrepan. Por eso anunciaron que no acudirían a las reuniones y sugirieron a Junts pel Sí y la CUP que presentasen una proposición de ley, el procedimiento ordinario cuando la iniciativa la lleva un grupo.

La oposición también advirtió, con matices, que las ponencias podrían ser ilegales a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la declaración soberanista del 9 de noviembre, en la que se anunciaba precisamente la redacción de las tres leyes.

Los juristas del Parlament les dan ahora la razón en casi todo. “La creación de una ponencia con el único apoyo de los dos grupos solicitantes y la posición en contra del resto de grupos podría correr el riesgo de ser considerada un acto arbitrario según el artículo 9.3 de la Constitución”, referido al principio de legalidad y de seguridad jurídica.

Los letrados de la cámara alertan que, pese a que Junts pel Sí y la CUP suman 72 diputados y tienen la mayoría absoluta, resultaría “dudoso” que aplicasen este criterio para crear tres ponencias. La postura coincidente de la oposición, añade el informe, ha de ser “determinante” porque “obviamente no se puede crear una base de trabajo conjunta si cuatro de los seis grupos que existen actualmente en el Parlament no aceptan esta ponencia”.

El informe reconoce que, con el reglamento del Parlament en la mano, los partidos independentistas pueden crear las ponencias, pero también se recuerda que los partidos contrarios a la secesión suman un número de diputados (63) parecido. Por eso se recomienda no crear situaciones de “tensión respecto del deber de participación” de los diputados. Además de eso, el informe recuerda que las ponencias se crean para redactar leyes referidas al despliegue de competencias del Estatut y que en este caso se pretende otra cosa.

La Mesa del Parlament acordó el 9 de febrero crear las ponencias, pero dejó en suspenso la decisión a la espera del informe jurídico. Tras darse a conocer este martes, Junts pel Sí y la CUP insistieron en seguir adelante. La fórmula que finalmente se escoja, si tres ponencias conjuntas o proposición de ley, se decidirá la semana próxima.

La oposición salió en tromba contra el deseo de las formaciones independentistas. “Las ponencias conjuntas y las comisiones de estudio son intentos de marear la perdiz y, lo que es más grave, hacer un uso partidista del Parlamento”, aseguró la portavoz del PSC, Eva Granados.

Enric Millo, portavoz del PP, alertó que su grupo recurrirá al Tribunal Constitucional si se crean las ponencias. Desde Ciudadanos, Carlos Carrizosa aseguró que el informe evidencia que “los separatistas quieren saltarse las leyes y el propio reglamento de la cámara”. Por su parte, Joan Coscubiela, portavoz de Catalunya sí que es Pot, aseguró que los independentistas no saben cómo redactar las leyes que prometieron a sus votantes y criticó que quieran involucrar a los que grupos que no defienden la secesión.