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OPINIÓN

Despotismo

El argumento de los independentistas de que tienen legitimidad para iniciar el proceso pero no para acabarlo constituye la sublimación del patrimonialismo nacionalista

Dice Puigdemont que quiere ser el presidente de todos los catalanes, pero al mismo tiempo se compromete a iniciar la desconexión que la mayoría de los catalanes rechazamos en las urnas. Todo para el pueblo catalán, pero sin el pueblo catalán: remedo anacrónico del despotismo dieciochesco. Claro que cada vez parece más evidente que para él el pueblo de Cataluña no lo conformamos todos los ciudadanos de Cataluña, sino solo el 47,8% que el 27-S votó por partidos independentistas. El resto, más de la mitad de los catalanes, no debemos de ser parte del pueblo de Cataluña. Solo así se explica que quien manifiesta sin tapujos su determinación de contravenir la voluntad de la mayoría de los catalanes pueda declarar solemnemente que quiere ser el presidente de todos.

Muchos ciudadanos observamos con preocupación la gestación pública de un nuevo sujeto virtual de soberanía, que no se limita a cuestionar la unidad constitucional de España, sino que, en primer lugar, pone en peligro la unidad de la propia Cataluña y su autonomía política. Hasta el 27-S los independentistas hablaban por doquier de “la voluntad de un pueblo” y actuaban como si en Cataluña hubiera una mayoría abrumadora a favor de la secesión. Desde entonces pueden blandir, como mucho, la voluntad de casi la mitad de un pueblo, pero han decidido tomar por el todo la parte convirtiéndola en exorbitante sujeto de soberanía.

“No tenemos la legitimidad para acabar el proceso de desconexión, pero sí para iniciarlo”, repiten constantemente. Convencidos de que son los dueños del cortijo, dan a entender que tienen derecho a hacer y deshacer a su antojo. De ahí que hayan decidido ir tirando, echar por su camino disponiendo de los recursos materiales e institucionales de todos para hacer las obras que la mayoría no queremos, y si luego no nos gustan, tranquilos que ellos vuelven a tirar de los recursos de todos para echarlas abajo y aquí paz y después gloria. Por no hablar, ¡ay la Ley!, de que no disponen de licencia de obra mayor, la necesaria para cambios estructurales, esto es, las mayorías cualificadas que prevén el Estatut y la Constitución para reformas de calado.

El argumento de que tienen legitimidad para iniciar el proceso pero no para acabarlo constituye la sublimación del patrimonialismo nacionalista. Es como si en toda España se presentara un partido cuyo objetivo fuera la supresión de las autonomías, ganara las elecciones con el 39% de los votos y lograra el apoyo parlamentario de otra formación también partidaria de suprimir las autonomías, aparte de otros detalles como retirar a España de la UE, del euro, de la OTAN, etcétera. Pongamos que esos dos partidos unitaristas, legítimos a pesar de su aversión a la pluralidad constitutiva de España, sumaran el 48% de los votos y el 53% de los escaños. Obviamente no tendrían ni de lejos los dos tercios de las Cámaras que se necesitan para volar por los aires la Constitución, empezando por su artículo 2 que “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” que integran España. Paradojas de la vida: el artículo que consagra la unidad de España e impide la secesión de Cataluña —que según Francesc Homs fue una “imposición” de la “cúpula del Ejército franquista”— es el mismo que impediría que un partido centralista con pulsiones patrimonialistas comparables a las de los independentistas acabase con la autonomía de Cataluña.

Pues bien, esa imaginaria coalición unitarista, siguiendo la lógica alternativa de la legitimidad para iniciar pero no para acabar, podría iniciar la demolición de las autonomías, desmontando organismos y empresas públicas de la administración autonómica, cerrando parlamentos y televisiones autonómicas a diestro y siniestro y centralizando todo el poder en Madrid. Y una vez desmantelado el Estado de las autonomías, someter a referéndum su nueva Constitución, referéndum en el que, claro está, ya ni siquiera preguntarían al pueblo español si quiere un Estado centralizado o no, sino que le hurtarían su soberanía preguntándole directamente sobre esa nueva Constitución elaborada al margen de la Ley, con las infinitas posibilidades que de esa situación de anomia se desprenden. Y en el caso de que la mayoría de los españoles rechazase esa nueva Constitución, pues se vuelven a edificar las estructuras del Estado autonómico y aquí no ha pasado nada. Así de fácil. Esa es la ominosa lógica que preside el proceso que los independentistas pretenden imponernos a todos como quien no quiere la cosa.

Ignacio Martín Blanco, politólogo y periodista.