El carnaval de los títeres

Corría el 23 de abril de 1983 cuando el escándalo estalló en Televisión Española, por entonces la única realmente existente. Un grupo femenino de punkde Baracaldo, Las Vulpes, interpretó en horario infantil el tema Me gusta ser una zorra. El día en que estalló la crisis política y moral era un sábado, el programa se llamaba Caja de Ritmos y lo dirigía Carlos Tena. Los socialistas aún olían a pana y a Suresnes. Apenas hacía seis meses que habían llegado al poder, y ya colaban en introducir el desorden moral en los hogares españoles. Para dar cuenta de la magnitud de la tragedia, un diario de larga tradición, amén de emprender una cruzada, publicó la letra completa en su editorial: “(...)prefiero masturbarme, yo sola en mi cama, antes que acostarme con quien me hable del mañana; prefiero joder con ejecutivos que te dan la pasta y luego vas al olvido (...)”. La Fiscalía General del Estado se puso manos a la obra. El resultado: la Audiencia de Madrid archivó el caso tres años después. Pero tres años antes, a las pocos días de emitido el fatídico tema, el director de Caja de Ritmospresentó su dimisión. El programa había acabado a las dos entregas.

Estos días pasados de carnaval, 33 años después del cataclismo de Las Vulpes, el gran problema de España es otro. Un grupo de titiriteros está en el ojo del huracán: los dos integrantes de la compañía Títeres desde Abajo han pasado cinco días en la cárcel, sí cinco días, por exhibir en un programa para niños que no era para niños, una pancarta en la que se leía Gora Alka-ETA (pretendía ser una síntesis graciosa de Al-Qaeda y ETA). Prisión sin fianza por apología del terrorismo: esta fue la desmesurada orden dictada por la Audiencia Nacional. Tanto ahora como entonces, los medios conservadores no han dudado en echar toda la leña al fuego. Ahora —como entonces— el paralelismo para la derecha es el del chotis: el Madrid de Manuela Carmena y Podemos y es el de Celia Gámez, en el que “mandaban Prieto y don Lenín”.

La verdad es que en este país de principios del siglo XXI hace falta mucho alka-seltzer —parafraseando la pancarta titiritera— para combatir la acidez que produce el cinismo. El “deleznable” espectáculo, en palabras de la alcaldesa de Madrid, amén de la prisión incondicional, se ha cobrado el cargo del responsable de municipal de programación, Ramón Ferrer. La izquierda ha asumido las tesis de Pío IX: el Papa consideró, cuando los garibaldinos se hallaban ya en la Porta Pía, que la rendición de los Estados Pontificios exigía un prudente y moderado derramamiento de sangre.

Y en este semana de guiñoles con mensaje se han producido otros acontecimientos muy menores. Una hermana del Rey está siendo juzgada por delito fiscal en el caso Noos, que sienta en el banquillo a la vieja cúpula del PP perteciente al ámbito geográfico de los Països Catalans. Nueve de los diez concejales del PP en la ciudad de Valencia están siendo investigados por blanqueo de capitales. La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, la que debe renovar el partido, usó su cargo de consejera de Infraestructuras —desvelaba este diario— para pedir donaciones al PP a los altos cargos de su departamento. Gabriel Amat, líder popular de Almería, alcalde de Roquetas de Mar y presidente de la Diputación provincial, dio a su yerno 950.000 euros en contratos: uno de ellos por realizar “un inventario de palmeras[SIC]”.

Y para acabar, un hecho diferencial: Jordi Pujol, el evasor fiscal confeso, su esposa, Marta Ferrusola, y su hijo mayor comparecieron ante la Audiencia Nacional para dar cuenta sobre el mítico legado del “avi Florenci” y los millones que manejaron en Andorra. Este carnaval de corrupción —en el que la Guardia Civil ha irrumpido en la sede del PP madrileño— amenaza también con llevarse por delante a la senadora y ex alcaldesa de Valencia, la popular Rita Barberá, que ahora preside nada menos que la comisión constitucional de la Cámara Alta.

En la balsa de la Medusa española, los únicos que han pasado el cuaresmal miércoles de ceniza casi completo en prisión son los titiriteros. Pero no todo acaba aquí. El Estado de derecho que es España se deja también girones de su apellido “social” cada día que pasa. Un informe de UGT sostenía esta misma semana que casi seis millones de asalariados (un 35%) cobran por debajo de los 655 euros, el salario mínimo interprofesional. El 93% de los contratos de 2015 fueron temporales, con una duración media de 53 días. Habrá que preparar reservas de antiácidos…