La Síndica de Barcelona pide que se reduzca el coste de los entierros

En noviembre emitió un informe sobre la cuestión, y se ha convertido en uno de los temas centrales de su informe anual. Tras alertar de la existencia de “precios abusivos de los servicios y falta de transparencia”, la Síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, pide al Ayuntamiento que puedan entrar nuevos operadores en el mercado funerario para garantizar una competencia real y reducir los costes de enterrar. En concreto, Vilà insta al Consistorio a que modifique los contratos de concesión de los tanatorios públicos de la ciudad (Les Corts y Collserola) para permitir que cualquier empresa del sector pueda prestar servicio en los velatorios. Actualmente el precio de enterrar a un familiar es de más de 6.400 euros en Barcelona, el precio más caro de los 31 municipios que estudió recientemente la Organización de Consumidores y Usuarios.

Durante el año 2015 la Síndica realizó 3.275 actuaciones, entre consultas y quejas, a mitad y mitad. El capítulo que un año más lidera las quejas es el transporte público (en parte relacionadas con el elevado coste de renovar la tarjeta gratuita para los menores T-12), seguido de cuestiones de medio ambiente (aquí entra el ruido), y los servicios sociales (con quejas sobre las listas de espera).

La Síndica vuelve a alertar sobre la Ordenanza de Civismo que “estigmatiza a los más vulnerables” y no es la mejor herramienta para combatir “conductas que tienen que ver con la precariedad”. En este sentido, apuesta por políticas más preventivas que asistenciales. Sobre los servicios sociales, resalta que una primera visita puede tardar “algunas semanas” o “uno o dos meses”. Un tiempo que califica de excesivo.

El “precio imposible para miles de personas” de la vivienda es otra cuestión que analiza Vilà, que con todo valora el esfuerzo del actual gobierno municipal por aumentar el parque público de alquiler. También se muestra preocupada por el elevado número de sin techo que hay en la ciudad.

En 2015 la Síndica también recibió quejas por el ruido de actos en la vía pública, o por “la falta de respuesta en casos graves” en materia educativa. Concretamente, por parte del Consorcio de Educación a dos familias que habían solicitado “un cambio de centro por circunstancias excepcionales”, de niños que podían estar sufriendo acoso escolar.

En salud pública pone énfasis en la regulación de los clubes cannábicos, un tema pendiente desde el mandato pasado; pide más implicación del Gobierno central en el complejo fenómeno del top manta, y vuelve a alerta de los problemas de gestión del espacio público en las zonas más turísticas.