“El hijo está aquí. Le haremos el testamento y ‘palante’”
El sumario de la Operación Cocoon revela los “tejemanejes” de un notario y un abogado de Barcelona para estafar a un centenar de ancianos
El padre de Antonio ha muerto. Malas noticias para el abogado Francisco Cómitre, que lo comenta con una compañera. “¿Sabes el del poder, que tenía que ir el gilipollas del Peña? Se ha muerto el viejo, tía (…) Ahora tengo la mitad del piso con el hijo... Algo es algo”. Cómitre sigue hablando, sin saber que los Mossos han pinchado su teléfono y también le escuchan: “Y sin Alzheimer, el hijo no tiene Alzheimer, ¿me entiendes? El hijo está aquí conmigo. Le haremos el testamento y palante”.
Despectivas, arrogantes y reveladoras de una gran ambición —“lo firmarán todo, la sociedad y todo de golpe”— las conversaciones telefónicas de Cómitre son uno de los pilares de la Operación Cocoon, a cuyo sumario ha accedido EL PAÍS. El abogado es, presuntamente, el líder de una trama que ha estafado a por lo menos un centenar de ancianos comprándoles sus pisos a cambio de una renta vitalicia. Decenas de las víctimas acabaron desahuciadas y sin recibir un euro.
El “gilipollas del Peña” al que alude es el notario barcelonés Enrique Peña, a quien el juez sitúa como aliado “principal e imprescindible” de Cómitre y su “mejor herramienta” para consumar la estafa. Peña está imputado, junto a una decena de personas más, por estafa, falsedad, blanqueo y organización criminal.
El juez de Barcelona que investiga el caso concluye que las estafas “afectan gravemente a las víctimas porque pierden, mediante engaños y tejemanejes, un bien tan preciado y necesario como la vivienda”. Ahogados por las deudas (propias o, las más de las veces, de los hijos) los ancianos se prestaban a firmar una “hipoteca inversa”: a cambio de una renta mensual vitalicia, ponían el piso a disposición de los compradores.
Pero lo que firmaban en la notaría de Peña (a toda prisa y desorientados) solía ser un contrato de compraventa del piso con cláusulas abusivas. El comprador (un testaferro a las órdenes de Cómitre) pedía créditos sobre los pisos de las víctimas, pero no pagaba las cuotas de la hipoteca y se daba a la fuga (dos de ellos están en el extranjero, en Tailandia y Paraguay). Los bancos pedían entonces ejecutar el aval (la vivienda), y muchos ancianos acabaron desahuciados.
Nada habría sido posible sin la intervención del notario, que por su condición de “funcionario público y jurista” daba apariencia de legalidad a las operaciones. Los Mossos han hallado anomalías en los protocolos que firmó. Peña daba fe de pagos que, según las víctimas, nunca se efectuaron. Y, pese a la insistencia de los clientes en que vendían su casa de toda la vida, permitía que se hiciera constar que se trataba de un inmueble “no habitual”. Un detalle que, agrega el juez, “facilitaba las condiciones para el desahucio”.
El caso nació por acumulación de denuncias. Pese a que las víctimas procedían de municipios repartidos por toda Cataluña, había una coincidencia: el mismo abogado (Cómitre) y el mismo notario (Peña). El fraude, según los investigadores, supera los tres millones de euros. En julio de 2015, cuando lanzaron la operación, los Mossos intervinieron 150 empresas y bloquearon un centenar de cuentas bancarias.
El juez recuerda que Peña “ya ha sido investigado y denunciado” por otros hechos similares, aunque hasta ahora no se había probado su connivencia. Declaró, como testigo, en el juicio por otra macroestafa inmobiliaria de la Zona Franca. Fuentes de su defensa aseguran que, en los cinco años investigados, firmó entre 8.000 y 9.000 escrituras al año. Y que, en ese mismo periodo, solo 104 están relacionadas con Cómitre y tienen “escaso interés en términos de facturación notarial”. El Colegio de Notarios ejerce la acusación contra Peña en la causa.
Algunos clientes notaron que algo iba mal. En junio de 2015, un mes antes de las detenciones, el abogado recibe la llamada de un colaborador de Peña que le advierte de que una familia “está hecha polvo” y de que puede acabar en el juzgado porque la hija les ha advertido: “Ustedes están todos aquí conchabados para esto”. “Que se lo hubieran mirado antes”, replica Cómitre. Otro cliente llama directamente al abogado por las mismas fechas: “No leímos nada, el notario no nos leyó nada. Esto parece un fraude”. Cómite se hace el sorprendido, le dice que no se preocupe por nada y que le llevará los papeles. El cliente, amargado, responde que solo le da “excusas” y que la financiera le quiere embargar.
Una actitud “humanamente execrable"
La “falta de lealtad profesional” del notario es “flagrante”, dice el juez, que tilda su comportamiento de “deontológicamente reprobable y humanamente execrable”. No es que no hiciera nada por evitar los engaños: es que participó en ellos para “obtener pingües beneficios”. De otra forma no se entiende que consintiera las “anomalías” detectadas en sus protocolos. Si hubiera actuado de buena fe, “habría podido presumir con facilidad el origen criminal de estos inmuebles”.
El sumario es prolijo en ejemplos. Al acto acudía solo el vendedor (la víctima), una práctica poco habitual que deja la escritura “condicionada” a la firma posterior del comprador. La operación, además, se firmaba en dos protocolos. En uno de ellos, no se incluía qué ocurría si el comprador no pagaba la renta vitalicia (que la venta quedaba anulada). A ese papel se acogía el comprador para inscribir la vivienda en el Registro de la Propiedad como libre de cargas y venderla.
Los trámites se caracterizaban por la “falta de explicaciones por parte del notario” a los clientes, que salían del despacho “sin haber recibido un solo euro” porque se optaba por un método de “pago aplazado” (otra práctica anómala).
Peña también desoyó multitud de “indicadores de riesgo” fáciles de detectar; por ejemplo, que una vez comprado el piso, se transmitía a una sociedad. O que el vendedor siempre era una “persona de edad avanzada” que no parecía, precisamente, la figura “idónea” para “representar a una sociedad” con la que “aparentemente no tenía relación”.
