Puigdemont trata de rehacer los puentes con el empresariado

El nuevo Ejecutivo de Carles Puigdemont quiere rehacer los puentes con las patronales catalanas, en especial con Fomento del Trabajo después del distanciamiento generado entre esta organización y el Gobierno de Artur Mas por el proceso soberanista y por la intervención de la Administración en la batalla de las entidades empresariales por la representatividad en los órganos sociales. Puigdemont se reunió ayer con Pimec y Cecot y hoy lo hará con Fomento.

Apenas tres semanas después de su investidura, Puigdemont ha empezado a recibir a las patronales catalanas. Ayer acudieron al Palau de la Generalitat el presidente de Pimec, Josep González, y el de Cecot, Antoni Abad, mientras que hoy lo hará el líder de Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà. Fuentes empresariales aseguraron que también los miembros del Círculo de Economía han solicitado ver al nuevo presidente.

Ayer Pimec trasladó a Puigdemont sus principales reclamaciones económicas para las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. González, según fuentes de la organización, llevó medidas para avanzar en la reindustrialización de Cataluña y luchar contra el desempleo. La patronal pide en especial acelerar la puesta en marcha de los nuevos órganos de gobernanza y gestión de la formación profesional, simplificar los trámites administrativos, favorecer el acceso de las pymes a la contratación pública y mejorar algunas infraestructuras. En la agenda de Pimec también está la lucha contra la morosidad, de la que ha hecho una de sus principales banderas en los últimos años.

En esa línea están también las demandas que Fomento del Trabajo llevará hoy al Palau de la Generalitat. Fuentes de la organización explicaron que las propuestas buscan convertir a Cataluña en una comunidad fiscalmente atractiva para invertir y seguir con la simplificación burocrática y el adelgazamiento de la Administración. La patronal recuperará, de hecho, el documento de propuestas que elaboró de cara a las elecciones del 27-S y que remitió a los partidos que concurrían a los comicios.

Ese documento recordaba que las elecciones habían tomado “una dimensión política extraordinaria y excepcional” después de que dos de las candidaturas abogaran por la independencia y avisó de que esas elecciones generaban “tensión y máxima preocupación desde la perspectiva económica y empresarial”.

La reunión llega en un momento en el que las relaciones entre la patronal y la Administración catalana están en mínimos. Si en la primera época estas eran buenas al coincidir en la reclamación del concierto económico —“el Gobierno catalán se ha ganado nuestro agradecimiento”, decía entonces Gay de Montellà—, el viraje soberanista de Artur Mas provocó un distanciamiento progresivo que se materializó en la negativa de Fomento de participar en el pacto por el derecho a decidir y en las constantes llamadas al diálogo por parte de presidente de la organización.

La escalada llegó a la cima el año pasado, cuando la Generalitat decidió despojar a Fepime —integrada dentro de Fomento— de la representatividad del 15% que le habían asignado los tribunales. La representatividad no es un tema menor, puesto que supone la cuota que tienen las organizaciones en los organismos en los que están presentes. Fomento vio en esa decisión un intento de favorecer a Pimec, más próxima a Convergència, e hizo una nota en la que consideró que la Generalitat había “roto el diálogo social” con la decisión, que a su juicio atentaba contra los “derechos constitucionales y estatutarios” de las patronales.