La rebaja del plan soberanista provoca las primeras tensiones en el Govern

El Gobierno catalán ha vivido esta última semana sus primeras tensiones, provocadas por los discursos contradictorios sobre el plan soberanista. Tras prometer en campaña que el Parlament declararía la secesión antes de 18 meses, el nuevo presidente catalán, Carles Puigdemont, bajó el ritmo: aseguró que el Gobierno prepararía la independencia, pero no haría ninguna proclamación sin hacer unas nuevas elecciones, a las que se quiere dar carácter constituyente. El plan trazado por Puigdemont, sin embargo, no es unánime en Junts pel Sí.

Ante los distintos discursos lanzados desde el Gobierno y desde la coalición que une Convergència y Esquerra, Puigdemont decidió soslayar el debate. En una entrevista que emitió el sábado El Punt Avui Televisió, el presidente aseguró que el Ejecutivo catalán tenía claro el camino para llegar a la independencia, pero no lo revelaba para no dar pistas al Gobierno: "No debemos cometer ingenuidades, y la primera es explicar todas las fases tácticas al detalle. Ya iremos presentando cuando toque los pasos que queremos dar", explicó Puigdemont, en una vía para apagar el ruido alrededor del principal objetivo de su presidencia.

Las disensiones arrancaron con la diputada de Junts pel Sí Marta Rovira, secretaria general de ERC, que discrepó del presidente. Rovira aseguró que habría una declaración de independencia sin necesidad alguna de votar. La portavoz del Gobierno, Neus Munté, intentó unir el discurso de Puigdemont y el de Rovira en uno solo, sin demasiada suerte: convirtió la proclamación de la secesión en una "declaración de intenciones" —un concepto inédito hasta ese momento— previa a la redacción de una Constitución y a su ratificación en referéndum.

En el fondo del debate está la discrepancia sobre el resultado del 27-S: los independentistas ganaron las elecciones por mayoría absoluta, pero no alcanzaron la mitad de los votos: se quedaron en el 48%. Esquerra considera que con esa cifra se puede proclamar la independencia, mientras que CDC, como dejó claro Puigdemont, cree que "hay fuerza para iniciar el proceso, pero no para culminarlo".

Mientras esperan aclararse sobre qué pasará en 18 meses, ERC y CDC coinciden en los pasos para ir preparando la secesión. El punto clave, según los dos partidos, será la ley de transitoriedad jurídica. Esta norma, que se empezará a tramitar en breve, buscará que haya una "desconexión" del Estado sin que se produzca un vacío legal: proclamará la vigencia de las leyes españolas hasta que el nuevo Estado las derogue o las ratifique. En esa ley tanto CDC como ERC creen que debe haber una referencia explícita a la intención de proclamar la secesión.

Pese a asegurar que tiene el plan claro, el Gobierno de Puigdemont ha demostrado fisuras en el discurso que el Ejecutivo deberá corregir para sobrevivir los 18 meses que prevé de legislatura. El área de comunicación es la única en la que hay cargos elegidos a los dos partidos, formando un contrapeso que intentará equilibrar el discurso para que las dudas de esta semana no vuelvan a repetirse.