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OPINIÓN

Se buscan pobres

En Cataluña hay 50.000 familias que no pueden pagar los suministros básicos. La Generalitat solo ha encontrado a 3.770 que merezcan ser ayudadas por pobreza energética

Algunos políticos observan la realidad con la misma expresión de asombro que el explorador John Speke debió poner cuando, más allá del lago Tanganika, se topó con las cataratas Ripon y el lago Victoria. La noticia avanzada esta semana por este diario de que el Gobierno catalán solo se ha gastado el 22% del fondo destinado a pobreza energética invita a esa cara de sorpresa. En medio de una crisis galopante en la que 50.000 familias —según la Generalitat— o 683.000 personas —de acuerdo con el Idescat— no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada, el Ejecutivo no encuentra tanto pobre para ayudar: solo ha hallado 3.770 familias. Eso significa que algo no va bien, que en las relaciones entre gobernantes y gobernados hay un proceso de la desconexión.

Tal como Speke y Burton se enzarzaron por el protagonismo en el descubrimiento de las fuentes de Nilo, los Ejecutivos de Madrid y Barcelona debaten sobre muchas cosas: el reparto injusto —que lo es— del techo de déficit catalán, sobre la inequitativa financiación autonómica —que lo es—, o sobre el déficit fiscal —que lo hay—, asunto al que, crecidos por el oleaje independentista, llaman incluso expolio. Sin embargo, a la hora de administrar los bienes propios, de mostrar la capacidad para gobernar las estructuras de Estado existentes, la eficacia de la Generalitat no es marca de la casa.

El botón de muestra es el fracaso en la aplicación del fondo de pobreza energética planteado, que ha sido tan estéril como el intento de León Tolstoi de liberar a sus siervos, avanzándose al decreto del zar. ¿Por qué los afectados prefieren acudir a los ayuntamientos o a las organizaciones sociales para hacer frente a los recibos de la electricidad, agua o gas? Muchos ciudadanos tal vez perciban la Generalitat como una instancia administrativa ajena a sus problemas cotidianos.

Ayuntamientos y entidades sociales, tras el preceptivo informe de los trabajadores sociales, pagan directamente los recibos, mientras que la Administración autonómica requiere el mismo trámite inicial pero dirige al ciudadano a la empresa suministradora que, a su vez, se hace cargo del abono. En L’Hospitalet, desde septiembre del año pasado se han dado 1.474 ayudas. En Barcelona, el año pasado se concedieron 5.062 ayudas. Es evidente la preferencia por la instancia próxima. Independientemente del color político, el ciudadano percibe que su ayuntamiento está mucho más cerca de sus problemas. Y eso sin contar con las papeletas que resuelven las entidades sociales, como Cáritas Barcelona, que en 2015 atendió a 1.067 personas.

Pero en Cataluña la pobreza energética ha servido más a la retórica política que a los pobres. El recurso del Ejecutivo de Rajoy al Constitucional contra el decreto de redactado por la Generalitat ha actuado de detente bala a la Administración catalana. Fue uno de los argumentos de campaña de Junts pel Sí, blandiendo la tesis de que Madrid “no nos permite ni ayudar a nuestros pobres”. También fue un acicate para insistir en el argumento de la independencia, con la que reinará la equidad y la fraternidad universal.

De momento, recordaba hace unos días en estas páginas Teresa Crespo, presidenta de la Entitats Catalana d’Acció Social, el frío ha llegado y España es el tercer país de Europa con los precios de los suministros más altos. Tras dos años de conversaciones, seguimos sin saber cuál es el compromiso de las eléctricas que en otros países se hacen cargo del recibo. Mientras, en Cataluña se habla del plan de choque social y no se conoce la normativa que medirá cuál será su grado de cumplimiento, algo imprescindible visto el éxito empírico de las medidas 2015.

Montserrat Bassa, nueva consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, está lanzando una mirada distinta a la del anterior Gobierno catalán sobre el problema. Habla de derivar a los municipios la lucha contra la pobreza energética. En favor de esta tesis arguye que así la blindaría contra las impugnaciones que pudiera hacer el Ejecutivo central y reconoce indirectamente que municipios y entidades sociales lo administran de forma más eficaz. Tanto ONGs como ayuntamientos se han ofrecido a ello. Por lo menos, ahora todos conocen la existencia del fondo en cuestión, porque no deja de ser paradigmático que el alcalde socialista de Mollet, Josep Monràs, o la alcaldesa convergente de Figueres, Marta Felip, aseguraran que se habían enterado de la famosa partida a través de terceros, no de una manera oficial. Ahora ya no hay excusa: si la Generalitat busca pobres, los encontrará. Solo tiene que dejar actuar a quienes saben dónde se esconden.