Declara el edil implicado con Louzán en un presunto delito de cohecho

La nueva juez de Cambados que instruye el caso por posible cohecho contra el entonces presidente de la Diputación de Pontevedra y actual responsable del PP en Pontevedra, Rafael Louzán, ha citado a declarar para el dos de febrero al concejal de Pazos de Borbén, Severino Reguera, también implicado, que comparece a petición propia.

Con la intención de presentar nuevas pruebas y documentación que pidió la fiscalía, Severino Reguera había solicitado hace meses esta comparecencia pero el cambio de juez instructor y problemas de saturación en el calendario judicial la retrasaron hasta ahora.

Esta es la primera vez que el político se someterá al interrogatorio del juez y el fiscal, después de que tanto él como Rafael Louzán se acogiesen a su derecho a no declarar en la vista preliminar que tuvo lugar el 24 de marzo del pasado año. Tres meses antes de que el PP perdiese la diputación y su presidente abandonase su escaño -tras veinte años en el ente provincial- para dedicarse al partido y a la Federación Gallega de Futbol de la que es presidente.

La declaración de Reguera podrías ser clave, ya que el asunto entraría en una nueva fase para que el fiscal de delitos económicos Augusto Santaló pudiera pedir nuevas diligencias. En caso contrario, el fiscal ya tendría base suficiente para acusar a ambos políticos o por el contrario acordar su archivo.

Una denuncia anónima que entró en la fiscalía a finales de 2013 dio lugar a una querella por parte del fiscal por un presunto delito de cohecho continuado contra Louzán y su mujer, como propietarios de unos bajos alquilados a Reguera al que le imputa un posible cohecho impropio.

El fiscal había solicitado la certificación de las retribuciones de Severino Reguera que le alquiló los locales comerciales a Louzán en 2008 para abrir un despacho de panadería de su empresa Brunopan en Navia, Vigo. Augusto Santaló cree que detrás de este contrato mercantil existe el pago de “favores” del entonces diputado provincial al que era presidente de la diputación.

También pidió que Reguera justifique de dónde salió el dinero que aportó como señal en el precontrato de los locales que asciende a más de 100.000 euros, además de la declaración de la cooperativa Monte Alba que vendió los bajos al matrimonio Louzán.

Además, Santaló pidió documentación para constatar qué sueldo percibía Reguera en la diputación aunque su defensa siempre mantuvo que no hubo trato de favor porque percibió el mismo sueldo que un diputado de la oposición, ya que ni fue vicepresidente ni tuvo dedicación exclusiva en aquella etapa.

Según el Ministerio Público, el hecho de que la empresa de Reguera, Brunopan S.L. , arrendase los locales, es un “regalo” para sus dueños al pagarlos con el alquiler. Sobre las sospechas de que los alquileres estaban pactados de antemano entre Louzán y Reguera, la defensa señala que “la afirmación del fiscal es absolutamente gratuita y no se sostiene”. Argumenta que Louzán compró el local en agosto de 2007, cuando hace una primera entrega de 3.000 euros, mientras Reguera compró el colindante cinco meses después, firmando el contrato de alquiler en septiembre de 2008, cuando decidió abrir en Vigo un nuevo despacho, similar a los que previamente tenía en la provincia de Pontevedra.

“Es decir, que no estaba previsto el arrendamiento cuando Louzán decidió comprar los locales”; que este “actuó como cualquier otro ciudadano en el marco de actividades propias de su vida particular”, y “que no recibe un arrendamiento en función de su cargo”. En el supuesto de que hubiese existido un sobreprecio “debe respetarse la ley de la oferta y la demanda” añade la defensa.