50 miembros del PP de Valencia declararán como imputados

El juez va a llamar a declarar en condición de imputados (investigados en la nueva terminología judicial) a los miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia durante la pasada legislatura, parte de los cuales continúan en la actual, según fuentes de la investigación. En total, 50 personas entre concejales y personal de confianza del grupo municipal.

Los interrogatorios podrán ser realizados por la Guardia Civil por delegación del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que dirige la operación Taula. En la causa se investiga una supuesta trama de cobro de comisiones, blanqueo y financiación ilegal de los populares.

La viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María Ángeles Ramón-Llin, ha reconocido esta mañana en los pasillos del Consistorio que los cargos públicos del PP pagaban unos 60 euros mensuales al PP e incluso entregaron 1.000 euros para la última campaña a las elecciones autonómicas y locales de 2015. Ramón-Llin ha negado que, en su caso, le devolvieran su contribución económica en billetes (en B).

"No es una novedad, ya está establecido como algo absolutamente normal y no tiene mayor trascendencia. No es ningún secreto", ha declarado en los pasillos del hemiciclo Ramón-Llin de las aportaciones económicas al partido.

El juzgado valenciano investiga una supuesta trama de corrupción vinculada al PP, que se ha saldado con 24 detenidos y 29 personas imputadas. Las citaciones salpican a ediles y asesores del actual grupo en el Consistorio y, sobre todo, a los del pasado mandato, al frente de los cuales se encontraba la actual senadora Rita Barberá. Se baraja que ediles como Silvestre Senent o Alfonso Grau, fuera ahora del grupo, sean también llamados a declarar.

La secretaria del grupo municipal del PP en el Consistorio, Carmen García Fuster, persona del entorno de Rita Barberá, detenida en la macrorredada policial del pasado martes y puesta en libertad la noche pasada con una fianza de 150.000 euros, está siendo investigada por el presunto blanqueo del dinero de comisiones. Es la única de las arrestadas para las que el fiscal del caso pidió prisión al término de su declaración.

La operación llevada a cabo el pasado martes en las tres provincias valencianas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se saldó con tres imputados y dos detenidas relacinados directamente con el Ayuntamiento de Valencia. La exconcejal de Cultura del PP en Valencia María José Alcón salió bajo fianza e investigada por varios presuntos delitos. La otra arrestada, García Fuster, permaneció detenida hasta la pasada medianoche, y son investigados el portavoz municipal del PP en el Consistorio, Alfonso Novo, el asesor Luis Salom y una trabajadora del mismo grupo.

Novo declaró ayer ante la Guardia Civil como investigado y ahora está pendiente de pasar por el juzgado que instruye el caso Imelsa. Tanto la dirección regional de su partido, el PP, como el Gobierno local de Valencia, han exigido su dimisión si se confirma su imputación.

El pleno municipal de Valencia ha aprobado, a propuesta del grupo de Ciudadanos, que se cree una comisión de investigación tras la Operación Taula. El PP ha manifestado que la apoyará y el Gobierno municipal la ha secundado si bien ha planteado que se articule en torno al departamento de transparencia.