El fin del plazo para presentar tesis satura los tribunales universitarios

El último Gobierno socialista aprobó el 10 de febrero de 2011 el real decreto que regula las enseñanzas de doctorado. La norma establecía, entre otras cosas, que quienes se encontraran cursando dichos estudios en esa fecha disponían de cinco años para la presentación y defensa de su tesis. De lo contrario, “el doctorando causará baja definitiva en el programa”, dice el texto.

La casuística es inmensa. Proyectos mastodónticos que han tardado años en finalizarse, simple dejadez, estudiantes que iban a su ritmo y alternaban sus estudios con la vida laboral... Albert Velasco llevaba desde el 2000 trabajando en su tesis sobre el pintor Pedro García de Benabarre. El lunes finalmente leyó su trabajo en la Universidad de Lleida. “Ha sido un sacrificio. Pero es verdad que sin la pistola del límite en el pecho no me habría puesto”, explica Velasco, de 39 años.

Hace un año que la Universidad Pompeu Fabra puso en marcha un protocolo para identificar los casos de afectados por la medida (un centenar) para hacerles acompañamiento, explica Marta Aragay, jefa de la oficina de doctorado del centro. Desde septiembre del año pasado hasta febrero se leerán unas 80 tesis, lo que representa el 44% de los trabajos que anualmente se entregan. “Unos 20 tendrán que entrar a otros grados porque no alcanzaron a cumplir”, lamenta Aragay.

La situación es un poco más compleja en la UAB donde cada año unos 900 estudiantes comienzan estudios de doctorado. Allí, hasta el 11 de febrero, se tienen que leer un total de 378 tesis. Cada uno de estos trabajos implica, entre otras cosas, realizar un período de exposición pública (con lo que se busca descartar plagios, por ejemplo), la conformación de un tribunal de expertos que tienen que juzgar las tesis y realizar el acto de la lectura y defensa del trabajo. “Hemos tenido que renunciar a miembros de tribunal de fuera para ahorrar. Otros se quejan porque no dan abasto o declinan porque ya tenían compromisos, lo que complica la logística”, agrega Aragay.

Xavier Gabarrell, secretario académico de la Escuela de Doctorado de la UAB explica que se trataba de una situación ya prevista y que varias universidades intentaron de manera conjunta que el Ministerio de Educación cambiara la fecha para hacerla coincidir con el calendario universitario, sin éxito. En el caso de la Autónoma, los doctorandos que quisieran cumplir con la fecha límite tenían que depositar su tesis el último trimestre del año pasado. Gabarell explica que entre octubre y diciembre pasados se entregaron a exposición pública 530 tesis, tres veces más que las que se registraron entre octubre de 2014 y diciembre de 2015.

“Hemos tenido que hacer una dotación especial de unos 80.000 euros para pagar los viajes de los miembros de los tribunales. No es un gasto adicional pero sí concentrado en un periodo de tiempo”, explica Enric Canela, vicerrector de Política Científica de la Universidad de Barcelona. En este centro hay 1.436 doctorandos afectados y el 41% de los estudiantes ya estaban cursando el doctorado incluso antes de 2007.

“Se han acumulado muchos estudiantes para el último momento”, agrega Canela. En la UAB, otros 520 estudiantes han optado por cambiarse a programas creados a partir de 2011. “Este problema se repetirá en septiembre de 2017, pues hay otro fin de plazo”, advierte Aragay.