La enfermedad de un inspector retrasa seis meses el juicio a Ortiz

La incomparecencia por enfermedad de un inspector de Hacienda, citado como perito del caso, ha ocasionado la suspensión del juicio al constructor Enrique Ortiz y otros cuatro empresarios por un supuesto fraude fiscal de más de 6 millones de euros en una operación urbanística en 2005 por la promotora Hansa Urbana en la Playa de San Juan.

La suspensión y aplazamiento se producen a petición de la Fiscalía y de la acusación particular, la Agencia Tributaria, según ha informado el secretario del juzgado de lo Penal número 1 de Alicante.

El inspector ausente ha presentado un parte médico según el cual sufre un problema de salud que le impide asistir a las sesiones.

El juzgado aplaza hasta finales de junio las cuestiones previas y para diez días después, a principios de julio, el comienzo de la vista oral con las declaraciones de acusados y testigos. La Fiscalía pide provisionalmente para los cinco procesados sendas penas de tres años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública, así como de un de año y medio por un delito de falsificación en documento mercantil. Además, los encausados se enfrentan a la petición de multas por más de seis millones de euros.

Los hechos se remontan al ejercicio fiscal de 2005 y fueron denunciados ante la Fiscalía de Alicante por la Agencia Tributaria, que cifró el supuesto fraude fiscal en 6.105.247 euros. La acusación pública sostiene que tanto Ortiz como su cuñado y apoderado en algunas de sus empresas, Miguel Carratalá, se confabularon con el presidente de la promotora Hansa Urbana, Rafael Galea, y los empresarios Miguel Ballester, Aurelio González Villarejo y Vicente Pérez Cañas para defraudar a Hacienda.

Según el escrito acusatorio, los implicados utilizaron nueve fincas rústicas situadas en el denominado Pau 4 de Alicante, en la Playa de San Juan, que Hansa Urbana SA tenía contabilizadas como “existencias o elementos del activo circulante” y, por tanto, como terrenos destinados a la venta y a la obtención de las consiguientes plusvalías.

La propietario simuló supuestamente, en colaboración con las mercantiles de Ortiz y Villarejo, dos contratos de alquiler de las fincas por un importe total cercano a los tres millones de euros a fin de contabilizarlas ante Hacienda como inmovilizado y beneficiarse así de una deducción fiscal indebida”. La causa fue sobreseída provisionalmente hace unos días para uno de los acusados, Aurelio González Villarejo, porque sufre una enfermedad degenerativa que le impide sentarse en el banquillo de los acusados.

Enrique Ortiz, también imputado en el caso Brugal, que investiga una supuesta trama política empresarial vinculada al negocio de la basura y al urbanismo en Alicante, ha sido increpado por un transeúnte cuando entraba por la puerta principal de los juzgados de Benalúa rodeado de cámaras de diversos medios de comunicación.

El empresario ha abandonado el edificio por la puerta de atrás, que permanece cerrada salvo para dar paso a las entregas de los funcionarios de Correos, y no es utilizada en ningún caso, según fuentes judiciales, por los acusados o testigos que acuden a diario a los juzgados alicantinos.