RTVG liquidará cifras millonarias que defraudó a la Seguridad Social

La Corporación Radio Televisión de Galicia (CRTVG) ha defraudado entre 2010 y 2015 al menos 1,6 millones de euros en las bases de cotización de sus trabajadores a la Seguridad Social. La dirección del ente público, que ha reconocido esta deuda frente al mínimo de 4 millones de euros en la que la cifran los afectados, ha llegado a un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) por el que ambas partes evitan la vía judicial y la empresa se compromete a realizar las liquidaciones en todos los supuestos que contempla la ley.

La dirección del ente público gallego ha accedido a saldar estas cantidades , que la CUT estima que podrían alcanzar los 15 millones de euros, después de que el sindicato denunciara ante la Inspección de Trabajo las infracotizaciones en las nóminas del personal iniciadas en 2010 cuando la empresa, aprovechando el recorte salarial del 5% establecido por ley en ese año, realizó paralelamente “una rebaja ilícita” en las cotizaciones de los trabajadores con repercusión en las prestaciones por maternidad, incapacidad, desempleo y jubilación pese a que el mandato incluía una medida correctora para que la rebaja no tuviera efecto en las prestaciones a la Seguridad Social.

La CUT sostiene que ha habido diferencias mensuales de cotización que han oscilado entre los 100 y los 700 euros en las nóminas de más de 600 personas del millar de empleados que ha tenido la compañía durante los últimos cuatro años (actualmente, tras la aplicación de una Oferta Pública de Empleo en 2012, se han reducido a 850 trabajadores).

Los empleados a los que no se les realizó la liquidación complementaria -los más perjudicadas, según el sindicato- rondan los 300 y eran “indefinidos por sentencia por fraudes en los contratos temporales o cesiones ilegales” de otras empresas. A ellos se suman los cerca de 200 empleados que a partir de 2011 se fueron de la compañía pública y que “cobraron sus prestaciones por desempleo degradadas”.

La dirección, que ha negado en todo momento actitud defraudadora, había reducido hasta ahora la cuestión a “casos muy puntuales” que atribuía a “algún error o discrepancias técnicas”.

El pasado octubre el director de la compañía pública, Alfonso Sánchez Izquierdo, reconoció en el Parlamento gallego una “desviación máxima” en estas cotizaciones de 1,6 millones, a razón de 400.000 euros anuales durante cuatro años

El sindicato puntualizó entonces que a esa “desviación” había que sumar las cantidades que la plantilla había perdido por “la decisión unilateral de la empresa de rebajar las cotizaciones”.

Sáchez Izquierdo compareció en la Comisión de Control del Parlamento a instancias de la CUT que le exigió entonces su dimisión -petición secundada por los grupos de AGE y BNG- tras anunciar su decisión de recurrir a la vía penal. El sindicato alertó en ese momento de que el límite de responsabilidad penal está en los 50.000 euros y que la demostración del fraude implicaría penas de hasta cinco años de cárcel para los directivos.

La CRTVG ha accedido ahora al acuerdo por el que se compromete a saldar la deuda y a atender la petición del sindicato de dar el mismo trato al personal fijo y al de las listas de contratación con concatenación de contratos ya que “ética y jurídicamente la temporalidad no puede ser bajo ninguna condición motivo de discriminación en la cotización a la Seguridad Social”, sostiene el portavoz de la CUT, Brais González , satisfecho porque, sostiene, en este semestre “todo el personal verá solventada su situación”

Durante los años en los que la compañía pública infracotizaba por los trabajadores, la Xunta mantuvo sin amparo legal un consejo de administración designado por el Ejecutivo en lugar de por el Parlamento pagando más de 70.000 euros anuales a 11 consejeros que se mantuvieron en sus cargos durante casi dos legislaturas pese a la obligación de renovarlos anualmente en función de la representación de la Cámara autonómica. El papel de estos consejeros fue cuestionado por los trabajadores y por los grupos parlamentarios de AGE y BNG que les achacaron que pese a sus elevados ingresos, y a diferencia de los consejeros de otras comunidades autónomas, no t¡enían responsabilidad alguna sobre las decisiones políticas de la corporación.