CDC de Sant Hipòlit pide que no se pague sueldo público a quien se oponga a la secesión

Sant Hipòlit de Voltregà, municipio vecino a Vic, tiene una población aproximada de 3.500 habitantes. El PSC logró en las últimas elecciones cuatro concejales, los mismos que CDC, pero los tres ediles de Esquerra Republicana, que se presentaron con la marca Som Voltregà, pactaron con los socialistas e hicieron alcalde a Xavier Vilamala. Su hermano Sergi, también socialista, es el alcalde de la vecina localidad de Les Masies de Voltregà, con más de 3.000 habitantes.

En este último municipio entró a trabajar hace unos años Marta Moreta, militante del PSC y licenciada en pedagogía. Como se trata de pequeñas localidades con presupuestos reducidos, ambos ayuntamientos acordaron que Moreta prestara servicios conjuntos como jefa de servicios en las dos corporaciones y que el sueldo lo abonaran a medidas. Al ser elegida diputada en el Parlament en las pasadas elecciones autonómicas, Moreta solicitó una excedencia y dejó de percibir cualquier retribución de esos dos consistorios.

Pese a ello, Convergència registró el pasado 31 de diciembre una moción por el trámite de urgencia en la que hace un duro alegato contra Morera y los diputados del PSC, a los que se les recrimina su “expresa negativa a dar apoyo a Artur Mas porque defiende el objetivo de que Cataluña se convierta en un estado independiente”.

El texto de la moción también recuerda que el Ayuntamiento de Sant Hipòlit apoyó en su día la resolución independentista del Parlament del 9 de noviembre que anuló el Tribunal Constitucional y que en los presupuestos municipales se reserva una partida de 30.000 euros anuales para Moreta, de la que se dice “que ha votado siempre en contra de Artur Mas y de iniciar el camino parlamentario hacia la independencia”.

Por todo ello, la moción pide que el Ayuntamiento deje de pagar el 50% del sueldo de Moreta, o cualquier otro porcentaje, pero no solo de ella, sino de “ningún otro funcionario o trabajador público adscrito o que desarrolle tareas para el Ayuntamiento de Sant Hipòlit de Voltregà, que se manifieste públicamente o políticamente en contra del proceso de independencia de Cataluña”, dice la moción.

“Eso es fascismo, no se le puede llamar de otra manera a la intención de perseguir a los funcionarios por sus ideas políticas”, explicó Moreta a EL PAÍS. La diputada del PSC explica también que el concejal que impulsa la medida, Joan Turró, director de Ràdio Vic, “intenta desde hace meses incendiar los plenos municipales con sus intervenciones a favor de la independencia y en contra del PSC”, por lo que reclama a la dirección de Convergència que adopte medidas disciplinarias contra él.

El pasado 11 de enero se celebró el primer pleno municipal en el que podía haberse debatido la moción, pero el edil convergente optó por aplazar la discusión. Pese a ello, el concejal de ERC del que dependen los temas de personal recriminó a Turró el contenido de la moción y eso provocó un acalorado debate. Los socialistas aseguran que la moción sigue viva y que se puede debatir en el pleno cuando lo reclame su impulsor, pero la dirección de Convergència sostiene que la moción ha sido retirada y que no se llegará a debatir nunca.

La dirección de CDC desconocía el contenido de la moción municipal de sus concejales y se desmarcó en cuanto tuvo conocimiento del texto. “Rechazamos cualquier fórmula que se plantee para coartar la libertad de expresión de un ciudadano. ¡Solo faltaría!”, declaró Francesc Sánchez, coordinador de régimen interno Convergència.

El dirigente del partido aseguró que gobiernan en más de 800 ayuntamientos y que resultaba imposible estar pendiente de la actuación de sus concejales en esas poblaciones. “Lo ocurrido ni se puede justificar de ninguna manera, pero hemos hablado con Turró y nos dice que ha retirado la moción y que no se debatirá nunca”, añadió Sánchez.