El exconsejero Fernández asegura que evitó pagar una ayuda ilegal

El exconsejero de Empleo andaluz Antonio Fernández ha declarado como imputado por quinta vez esta mañana ante la juez del caso ERE, María Núñez, en el quinto aniversario del comienzo de esta macrocausa. En su comparecencia, Fernández ha asegurado que evitó pagar una ayuda pública de unos 600.000 euros para solucionar una huelga de basuras de Granada en 2004 porque consideró que era un pago ilegal. El fondo de los ERE, creado para empresas en crisis, se utilizó para otros fines como subvenciones a universidades y ONG.

En este caso que se investiga ahora, la Junta pagó una parte del desacuerdo entre la empresa encargada de la limpieza en Granada y sus trabajadores, después de que estos protagonizaran una huelga. Tras la negativa de Fernández, el abogado Luis Olivencia –suegro del líder popular Javier Arenas- reclamó sin éxito el pago a las empresas que representaba. Finalmente, la parte restante de la ayuda se pagó desde la Junta, pero tras ordenarlo el exconsejero Manuel Recio –sucesor de Fernández- pero que curiosamente no está imputado por esta ayuda pública.

Fernández, que estuvo en prisión provisional unos meses en 2012, ha declarado apenas 10 minutos después de la comparecencia del exdelegado de Empleo en Granada Luis Manuel Rubiales y un directivo de la compañía FCC Medio Ambiente. “Cuando Fernández tuvo conocimiento de los pagos dio instrucciones de que ese pago no era legal y no se pagó. La respuesta fue así de radical. No procede el pago y no se hace el pago”, ha relatado su abogado Alfonso Martínez del Hoyo. “Esto no tiene cabida legal, estos no son los fines y por tanto no ha lugar”, ha reiterado el letrado sobre las palabras del exconsejero.

En 2004 el ex director general de Trabajo Javier Guerrero se ofreció supuestamente a solucionar el conflicto que había provocado esta huelga que llenaba de basuras las calles de Granada. Poco después, el resultado fue la firma de dos pólizas entre la consultora Vitalia (que gestionó numerosos ERE) y FCC, Cespa y Caja Rural de Granada, “para un acuerdo de desconvocatoria de una huelga de limpieza”, según figura en el sumario del caso.