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La publicidad de una muestra sobre la Ciudad de la Justicia costó un millón

La exposición 'Iustitia. La Justicia en las Artes' duró cinco semanas y contaba con presupuesto aparte.

La Comunidad gastó en 2007 un millón de euros en hacer publicidad de una exposición sobre el proyecto de la Ciudad de la Justicia. La muestra (Iustitia. La Justicia en las Artes) duró cinco semanas y contaba con presupuesto aparte. Levantar la Ciudad de la Justicia —un complejo donde se iban a agrupar las principales sedes judiciales— costó 130 millones y, hoy en día, es solo un erial con solo un edificio vacío. La empresa pública que gestionó la ciudad y la exposición y su publicidad estaba presidida por el exconsejero Alfredo Prada, que ayer justificó el millonario gasto. “La apuesta por el arte no se puede discutir”.

Alfredo Prada, ayer durante su comparecencia en la Asamblea regional.
Alfredo Prada, ayer durante su comparecencia en la Asamblea regional.

El millón de euros de la muestra —que se celebró en la Fundación Carlos de Amberes de marzo a mayo de 2007— se dividió en anuncios en prensa, vídeos, cartelería y cócteles. Prada, exconsejero de Justicia y presidente de la entidad que gestionó el proyecto, se justificó ayer en la Asamblea: “La apuesta por el arte [de Madrid] no se puede discutir”.

Hasta la fecha se sabía que la Ciudad de la Justicia había gastado cinco millones en tres exposiciones sobre el fallido proyecto. Ayer, Mercedes Gallizo, portavoz socialista en la Comisión de Endeudamiento, sacó a relucir los 1.074.000 euros destinado a la exposición y divididos en 87 contratos, muchos a la misma empresa, troceados en pequeñas facturas. Gallizo recordó que en la contratación pública debe primar la libre concurrencia, pero muchos de estos contratos se otorgaron de forma directa. Y añadió: “La muestra era mediana: sin obras de extraordinaria importancia, salvo una, y la mayoría de autores españoles. Es un dinero que debería haberse dedicado a los edificios que albergasen sedes judiciales, no a exposiciones”.

“Esa es mi opinión”

Prada justificó así los desembolsos. “En las exposiciones se utilizaban patrocinios y creo recordar que el campus [de la Justicia] era un patrocinador. Toda apuesta por la cultura y el arte no se puede discutir. Esa es mi opinión personal”.

Dos contratos resultan especialmente llamativos: una lona publicitaria en la calle de Goya por 172.399 euros, y otra en la parada de taxis del aeropuerto de Barajas por 41.550 euros. Prada restó importancia ayer a estas cantidades: “Yo lo que sé es que vi la lona de Goya. Seguro que un anuncio de televisión hace 10 años costaba más”.

Ese contrato, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se adjudicó a una empresa de Getafe en concepto de “realización, producción e instalación de una lona en Goya 66, desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril de 2008”. Del total se destinaron 128.000 euros al alquiler, 13.320 a la lona en sí y 6.600 a la luz, sin IVA.

Entre los 89 contratos menores de la publicidad destinada a la exposición hay muchos para medios de comunicación escritos (entre ellos EL PAÍS). Pero también para carteles en “columnas dobles de los circuitos urbanos”, banderolas en las farolas, anuncios en autobuses, alquiler de material audiovisual, 60.000 folletos, 20.000 invitaciones, 1.500 libretas, cesión de espacios, cinco cócteles o 5.000 euros para entregar 10.000 sobres en 34 destinos de Madrid. O espacios de 20 segundos en una radio minoritaria a 700 euros cada uno. Todo ello sin contar el gasto en el voluminoso y lujoso catálogo, que se puso a la venta en Amazon por 41 euros.

“Un documental precioso”

Respecto a los cuantiosos gastos en promoción —hubo 72 por todo el mundo— Prada resaltó su necesidad dada la envergadura de un proyecto que requería “cierta solemnidad” en el exterior. Llegó incluso a ironizar sobre el gasto de 900.000 euros en un vídeo documental exhibido en muchas capitales del planeta.

A la empresa Telson se le facturaron, además, 400.000 euros para vallas informativas en las obras. “Había que hacer marketing y comunicación. Yo no sé cuánto cuesta. Vi un documental precioso de flora y fauna en Colombia, pregunté y había costado seis millones de dólares”.

Un año después de esta muestra, en 2008, la Real Fábrica de Tapices programó una exposición, Imágenes de la Justicia, muy parecida. La oposición no ha consultado aún las facturas, pero presumiblemente también hubo gastos de promoción. El campus instaló, asimismo, una oficina móvil expositiva en la plaza de Castilla, contrató un autobús itinerante y hasta unos grandes almacenes expusieron maquetas en su escaparate. “La exposición de plaza Castilla, que duró 15 días, fue una petición de los sindicatos para que los 6.000 funcionarios conociesen los planes”, se
justificó Prada.

Anulada la decisión de Cifuentes de no licitar de nuevo el proyecto

EL PAÍS, Madrid

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha anulado la orden con la que el Gobierno regional (del Partido Popular) desistió el pasado mes de noviembre de adjudicar la construcción de la Ciudad de la Justicia.

En una resolución del 13 de enero a la que tuvo acceso ayer EL PAÍS, el tribunal administrativo admite el recurso interpuesto por las constructora Acciona y OHL contra la orden.

El nuevo Gobierno regional presidido desde junio por Cristina Cifuentes (PP) desistió del proyecto de Ciudad de la Justicia heredado de la legislatura anterior (comandado por Esperanza Aguirre e Ignacio González, también del PP). En la recta final de su mandato, González había optado por reconsiderar sus planes y licitar de nuevo los contratos. Pero el pasado 9 de julio, Cifuentes anunció la suspensión de ese proceso de adjudicación tras la admisión a trámite en abril de un recurso de la empresa Corsán ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública.

Corsán era adjudicataria del proyecto inicial que González revisó, y su contrato quedó pues pendiente de resolución. Ante esta inseguridad jurídica, Cifuentes decidió anular el contrato lanzado en la anterior legislatura precisamente para realizar la revisión.

Pero las últimas adjudicatarias, Acciona y OHL, a su vez, también recurrieron ante el mismo órgano, que les ha dado la razón. La resolución en cualquier caso no impone una sanción a la Comunidad al señalar que no actuó de mala fe.