El juez descarta investigar a dos exconcejales por el Madrid Arena

A las diez de la mañana ha comenzado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio a los 15 presuntos responsables de la muerte de cinco jóvenes en la fiesta celebrada el 31 de octubre de 2012 en el pabellón municipal Madrid Arena. En esta primera sesión, dedicada fundamentalmente a cuestiones previas, el abogado del principal acusado, Miguel Ángel Flores, organizador de la fiesta, ha solicitado la nulidad parcial del proceso. No ha exigido que se aplace o se suspenda el juicio, sino que “se continúe la instrucción” judicial respecto a la posible responsabilidad de dos exconcejales, Pedro Calvo y Fátima Núñez. Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares por parte de los familiares de las víctimas se han opuesto, y el tribunal ha desestimado hacerlo.

El letrado, José Luis Fuertes, ha asegurado que “durante la instrucción hubo graves irregularidades procesales de relevancia constitucional”, que “demostraban una falta de imparcialidad objetiva y subjetiva” por parte del tribunal y que “causó grave indefensión” a Flores. Entre otros motivos, el abogado ha aducido que “no se imputó a ningún responsable del Ayuntamiento”, mencionando en concreto a Núñez y Calvo, y a Antonio de Guindos (todos, del Partido Popular).

El tribunal ha dictaminado: “Difícilmente el representante de los acusados puede decidir que se continúe la instrucción. No entendemos esa petición de nulidad parcial porque no está relacionada con una supuesta vulneración de los derechos fundamentales del señor Flores”. Y por tanto, ha desestimado la petición. Tampoco ha permitido que Calvo declare como testigo, pero sí que lo haga Guindos, como pedía el abogado de Flores.

Tres dimisiones en el Ayuntamiento

“Existe una deficiencia estructural en el planteamiento del proceso, la responsabilidad que se determine va a caer sólo sobre una parte de los que a nuestro juicio son responsables. Intentaremos acreditar las irregularidades del edificio, que, a nuestro juicio, causaron el siniestro”, ha señalado el abogado. Por ello (“es atípico pero es la única solución que se nos ha ocurrido”, ha señalado), “hay pruebas suficientes para enjuiciar a los presentes pero queremos que se siga actuando contra Núñez y Calvo”.

No hay ningún político imputado, pero la tragedia acabó con la carrera de varios dirigentes municipales. Calvo presentó su dimisión el 14 de noviembre de 2012 después de que desde el juzgado instructor se avanzara que iba a ser imputado como concejal de Economía y, por tanto, responsable de Madrid Espacios y Congreso (la empresa gestora del pabellón). Nunca fue imputado. El 9 de enero de 2013 dimitió la concejal de Seguridad y Emergencias, Fátima Núñez. Su responsable directo, el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Antonio de Guindos, dimitió el 5 de febrero. Ambos fueron imputados por el instructor, que finalmente decidió no llevarlos a juicio.

La Fiscalía se opone a Flores

La Fiscalía se ha opuesto a la petición de nulidad solicitada por el abogado de Flores: “Habla de irregularidades, pero no vemos dónde se ha causado una indefensión que tenga relevancia en la causa. El juez de instrucción tiene sus criterios y, en cualquier caso, las resoluciones se han podido ir recurriendo; en consecuencia, no vemos que se haya vulnerado el derecho de defensa”. Las acusaciones de los familiares de las víctimas se han opuesto también a la petición del abogado de Flores.

Sin embargo, la Fiscalía sí ha solicitado que se pida la declaración como peritos de tres funcionarios de la concejalía madrileña de Desarrollo Urbanístico Sostenible (la jefa de Licencias, y el director y subdirector de Edificación en el momento de la tragedia) para testificar “sobre la necesidad de licencia urbanística del pabellón”. El Madrid Arena es propiedad del Ayuntamiento y era gestionado por Madrid Espacios y Congresos. El recinto carecía y carece de licencia de funcionamiento, aunque el Ayuntamiento insiste en que legalmente no es necesaria. El gobierno municipal, entonces regido por Alberto Ruiz-Gallardón (Partido Popular), sabía desde 2010 que el recinto sufría gravísimas deficiencias que comprometían la seguridad, que no fueron solventadas. Sin embargo, la Fiscalía considera que el pabellón es seguro y que sólo el exceso de aforo abrió la puerta a la tragedia.

Cinco meses de juicio

El juicio, que se alargará al menos cinco meses, ha comenzado a las diez de la mañana (las sesiones se celebran martes, miércoles y viernes), con media hora de retraso. “O faltan sillas o sobran abogados”, ha exclamado la presidenta de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, María Luisa Aparicio, mientras trataba de acomodar a los abogados de los 15 acusados y de las siete acusaciones particulares y dos populares (el Partido Socialista y el sindicato Manos Limpias). “La forma ortodoxa de comenzar el juicio es, voy a citar el nombre de los acusados para conocerlos, en algunos la trascendencia mediática es mayor y les identificamos porque han salido en prensa, pero a otros no”, ha señalado una vez resueltos los prolegómenos logísticos. Los 15 acusados han ido levantando entonces la mano, uno a uno, en las dos filas del banquillo.

“Lo que procedería ahora sería leer los escritos de las acusaciones y de las defensas, pero eso supondría tirarnos toda la mañana o más”, ha señalado a continuación la magistrada. La instrucción ocupa 14.800 folios; sólo el escrito de la Fiscalía tiene 27 páginas. El tribunal ha decidido pues leer sólo las conclusiones provisionales del Ministerio Público y parte de otro escrito de una acusación particular en lo que se refiere al ex inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo. La Fiscalía imputa en su escrito a 14 personas pero no a Monteagudo, porque considera que “no hay pruebas” que relacionen la actuación policial con la tragedia. El exjefe policial es juzgado por la acción del resto de acusaciones; el magistrado instructor, Eduardo López-Palop, consideró que el botellón celebrado en los alrededores del Madrid Arena, que la policía debería haber evitado, “tuvo una importancia decisiva” y “no fue la única causa pero fue una de las causas” de la tragedia.

23.000 asistentes a una fiesta para 7.000

En primera fila, con expresión seria y la cabeza gacha, se ha sentado Miguel Ángel Flores, considerado por la Fiscalía como máximo responsable de la tragedia. Propietario y gestor de la empresa organizadora de la fiesta, Diviertt, está acusado de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave; la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para él, que las acusaciones de los familiares de las víctimas elevan a 20. Otros 12 acusados se enfrentan a peticiones de penas de tres años por parte de la Fiscalía por los mismos delitos; para los médicos Simón y Carlos Viñals (padre e hijo), la Fiscalía pide dos años por dos delitos de homicidio por imprudencia grave (que el juez eleva a tres).

“El imputado es plenamente consciente de que existe un inmenso sobreaforo, que es responsabilidad de él mismo y de su desmedido afán de beneficios económicos, sacrificando la seguridad”, afirma el juez instructor sobre Miguel Ángel Flores en su auto de apertura de juicio oral, fechado el 29 de agosto de 2015. Según la Fiscalía, el dispositivo de seguridad para la fiesta se montó con una previsión de 7.000 asistentes facilitada por Flores; el pabellón admitía como máximo 10.000 personas, pero entraron, según el fiscal y el juez, hasta 23.000 personas aquella noche. Dilucidar el número de asistentes será una de las claves del juicio, toda vez que, según la Fiscalía, se imprimieron 17.500 entradas, otras 5.000 se vendieron por Internet (y fueron impresas por sus compradores), y además existen testimonios que denuncian que algunas entradas volvieron a ser revendidas después de ser consignadas por los organizadores.

Sin declaraciones de Flores

A su llegada esta mañana a la Audiencia Provincial (está en libertad desde diciembre de 2012 bajo fianza de 200.000 euros), Flores no ha querido hacer declaraciones. Su abogado, José Luis Fuertes, sí ha asegurado que Flores no cometió ningún delito porque “la seguridad no dependía de él”; en su opinión, el auto judicial sólo aporta “indicios y no pruebas” en contra de su defendido. El abogado, que no pedirá un nuevo recuento de las entradas, ha mantenido su línea de defensa durante la instrucción: el pabellón Madrid Arena “es mortífero para este tipo de eventos”; por tanto, la responsabilidad no sería de Flores sino del Ayuntamiento por alquilarle un recinto “no apto” para fiestas como la celebrada el 31 de octubre de 2012.