La Plataforma del Ebro asimila el nuevo plan al temido PHN

La Plataforma en Defensa de l‘Ebre (PDE) lleva meses cavilando cuál es la mejor estrategia para amasar un frente de rechazo al plan de cuenca del Ebro que el pasado viernes aprobó el Gobierno en funciones del PP. Un plan que ven más pernicioso incluso que el polémico Plan Hidrológico Nacional (PHN) que pactaron José Maria Aznar y Convergència el año 2000. “Tenga usted la seguridad”, se le escapó entonces al ministro Arias Cañete, “de que el presidente ha dicho que esto salía por huevos”. La movilización del territorio fue total para frenar el temido PHN. La calle se llenó de camisetas azules con el nudo antitrasvase y CiU pasó años purgando penas en la que se conoce como quinta provincia. El territorio vuelve a estar en pie de guerra.

Hasta ahora la plataforma ecologista ha sido reacia a organizar mareas azules como las de antaño porque Cataluña encadena elecciones una detrás de la otra y desde la PDE se quiere evitar la posible instrumentalización electoral del potente movimiento de protesta. Pero el temple se ha terminado en este territorio que en 2013 fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros en funciones aprobó el Real Decreto que diseña la planificación hidrológica de una docena de ríos y cuencas, con lo que también da luz verde a las controvertidas especificaciones sobre el Ebro. La Plataforma convocó de urgencia una concentración de rechazo en Tortosa para el mismo viernes. Reunió a unas 200 personas y anunció que prepara una gran manifestación para el 7 de febrero en Amposta. Además, los proteccionistas han anunciado que recurrirán el plan ante el Tribunal Supremo y elevarán una queja la Comisión Europea.

La Plataforma asume que esta vez tiene más complicado convocar a la gente

Alegan que el plan de cuenca que tanto ha celebrado la ministra de Agricultura Isabel Garcia Tejerina es un instrumento para poder mercadear con el agua, a la vez que un despropósito ecológico. “Vulnera las directivas europeas de hábitat y de aves, así como la directiva marco del agua”, razona Susanna Abella, portavoz de la PDE. En el mismo sentido, Abella considera que, a pesar de estar marcado por una total falta de consenso, el plan de cuenca ha avanzado con una inusitada fluidez, primero en el Consejo del Agua y más tarde en el seno del Ejecutivo.

Por ello avisa de que el plan topará con un muro cuando Bruselas proceda a la preceptiva revisión. “Es un plan que nace muerto”, pronostica. “Lo peor que ha hecho el Gobierno ha sido no escuchar las advertencias que ha venido lanzando la UE durante el último año”. La PDE pone de relieve que el Gobierno ha hecho oídos sordos a las advertencias comunitarias sobre la improcedencia de embalses superfluos (el nuevo plan prevé poder construir hasta medio centenar de pantanos nuevos) y que no ha tenido en cuenta las recomendaciones para que no se incentiven los usos intensivos de agua (se prevén 465.000 hectáreas nuevas de regadío).

Abella apunta que la normativa comunitaria también advierte sobre los caudales mínimos y veta aquellos baremos que, por escasos, puedan comprometer espacios naturales, en este caso el Delta del Ebro.

3.100 hectómetros cúbicos

Sobre este punto recala el principal argumento movilizador de la PDE. El plan Aznar-Pujol preveía un caudal de 3.100 hectómetros cúbicos anuales en el tramo final del río. El aprobado ahora rebaja el volumen y deja en 3.000 hectómetros cúbicos la previsión mínima. “Ha habido una modificación a la baja de los caudales”, reza Abella.

La PDE asume que esta vez tiene más complicado convocar a la gente porque “no se les habla de hacer una autopista del agua hacia Valencia y hacia Murcia”. “Esto es más difícil de explicar”, dice, y lamenta que la amenaza para el tramo final del Ebro sea igual de latente. “En lugar de desviarnos el agua por abajo, la estamos perdiendo por arriba”, apunta.

La situación política también ha variado. Donde antes había acuerdo entre PP y CiU esta vez hay una ofensiva visceral. El consejero de Territorio en funciones, Santi Vila, ha sido de los más críticos con la falta de sensibilidad de Madrid ante las demandas catalanas y el delegado de la Generalitat en las Terres de l‘Ebre, Xavier Pallarès, ha apuntado que la Generalitat siente una “decepción total y absoluta”. Ferran Bel, alcalde de Tortosa y diputado de Democràcia i Llibertat (la marca de Convergència para el Congreso) llegó a asegurar durante la campaña que la independencia era la manera de evitar transvases en el Ebro.