Cifuentes quiere que los expresidentes cobren 3.800 euros durante 2 o 3 años
Hasta ahora los exdirigentes reciben 5.500 euros mensuales y cuantan con secretario y chófer por acudir al Consejo Consultivo que desaparece
Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, pretende que el estatuto que se va a elaborar se contemple un sueldo para los exdirigentes regionales que suponga el 80% de sus retribuciones durante el mandato, siempre que no tengan otras actividades. Así lo ha anunciado esta mañana en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Ello deja la puerta abierta a trabajar en la empresa privada, como sucedió con Esperanza Aguirre. El salario sería por tres años en el caso de haber ejercido más de una legislatura.
La medida solo afectaría a Ignacio González (PP), su antecesor en el cargo (2012-2015) y supondría recibir hasta junio de 2017 un salario de 3.840 euros. Son 1.1600 euros menos al mes de los que le paga el Consejo Consultivo, que desaparece ahora, por acudir a una reunión a la semana. También los exlíderes Joaquín Leguina (PSOE) y Alberto Ruiz Gallardón (PP) cobran 5.500 euros netos del consejo. Cifuentes pretende también despojar a los expresidentes del coche oficial y el secretario que les corresponde por su labor en el organismo regional.
Aguirre abandonó su puesto en el Ministerio de Industria, en enero de 2013, los tres meses de dejar el cargo de presidenta, para ejercer como “asesora estratégica” de Seeliger y Conde, una empresa de cazatalentos catalana con sedes en España y América Latina. Por ese motivo no estaba en el consejo.
El portavoz en la Asamblea de Ciudadanos, Ignacio Aguado, hablaba en septiembre de una retribución "muy similar", entre el 80% y el 100% del total de la retribución, durante dos años para garantizar que no haya puertas giratorias. "Entendemos que los expresidentes regionales merecen tener un trato respetable, pero sin los privilegios de los que todavía disfrutan”, indicó, dispuesto a incluir en el estatuto un “reconocimiento honorífico" para ellos.
La actual presidenta asegura que el estatuto de los expresidentes "será de consenso", "nacerá de los grupos parlamentarios" y tendrá rango de ley aunque no es preceptivo.
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