El Fiscal pide ahora archivar la causa por estafa contra Prieto e Hidalgo

Acusados, imputados e inicialmente exculpados en seis meses. La fiscalía vasca acaba de cerrar el círculo del denominado caso Prieto, con una decisión inesperada. La Junta de Fiscales decidió denunciar el pasado 17 de junio de 2015 al parlamentario socialista alavés Txarli Prieto y al secretario de Organización del partido, Víctor García Hidalgo, por los supuestos delitos de estafa y falsedad documental, y el 24 de junio siguiente el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, presentó la correspondiente denuncia ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior que en septiembre les imputó por un presunto delito de estafa en concurso con falsedad en documento mercantil. Calparsoro ha pedido, seis meses después, al juez instructor de ese tribunal, Antonio García, que archive el caso ya que de las diligencias practicadas no se puede entender que se haya cometido un delito de estafa, aunque admite que la "gestión y administración" de las partidas de seguridad asignadas al PSE alavés se "podía y debía haber hecho mejor".

Este caso, que comenzó con una denuncia anónima, se basa en las obras hechas por Escoiba en 2010 y 2011 en sedes socialistas alavesas para mejorar su seguridad ante la amenaza del terrorismo de ETA y que eran subvencionadas por el Gobierno de España. En concreto, la fiscalía centró la investigación en dos facturas emitidas por Escoiba al PSE por importe de 29.971 y 19.501 euros. Tras la denuncia de la fiscalía, el TSJPV se declaró a mediados de julio pasado competente para llevar el caso y el magistrado Antonio García ordenó incoar diligencias previas, entre las que se incluyó la declaración, el pasado 30 de septiembre, de Prieto y García Hidalgo, la investigación de la unidad de delitos económicos de la Ertzaintza y declaraciones del PSE-EE y de trabajadores de Escoiba.

El fiscal exculpa ahora a ambos políticos al asegurar que "la emisión anticipada de facturas para no perder las cantidades asignadas en un ejercicio no pueden considerase penalmente ilícita, pues no obedecía a una finalidad de enriquecimiento sino al fin de no perder los recursos económicos" de ese año, aunque las obras se hicieran realmente en el siguiente ejercicio, explica el fiscal. Calparsoro considera suficientemente acreditado que realmente se hicieron las obras por las que Escoiba facturó al PSE y destaca que el partido, que sería el "perjudicado" por una supuesta estafa, ha declarado en la causa que no les consta haber sufrido un daño patrimonial y, además, el Tribunal de Cuentas no ha cuestionado esas partidas en sus informes.

Cuando esta denuncia salió a la luz, Prieto justificó ante los medios de comunicación estas contrataciones por razones de "seguridad" y confianza" derivadas del problema del terrorismo. El parlamentario socialista reconoció entonces que Escoiba era la compañía de "urgencia y confianza" a la que recurría el PSE-EE de Álava cuando había que hacer obras en sedes que habían sufrido ataques terroristas y a la que se contrató "durante más de 15 años" con "absoluta normalidad" y ateniéndose "a los criterios que se pedían". Especificó que estuvo vinculado a Escoiba entre 1992 y 2012 y que él empezó a dedicarse a la "política profesional" en 2009, por lo que hubo un "pequeño tiempo de solapamiento". Txarli Prieto es diputado en el Parlamento Vasco desde las elecciones autonómicas de marzo de 2009, aunque antes fue apoderado en las Juntas Generales alavesas y ejerció como secretario general del PSE-EE de Álava entre 2005 y septiembre de 2014. Víctor García Hidalgo, actual secretario provincial de Organización, fue director general de la Policía entre 2004 y 2006 y estuvo imputado -aunque finalmente fue excluido del proceso- en el caso Faisán, así conocido por ser el nombre del bar de Irun (Gipuzkoa) donde supuestamente se produjo el chivatazo a ETA que desmontó una operación contra su aparato de extorsión en 2006.