Barcelona aprueba dejar fuera de la sala de plenos el busto del Rey

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este martes la modificación del artículo 75 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para poder decidir su simbología y para que las sesiones puedan celebrarse fuera del edificio consistorial por causas de fuerza mayor.

La modificación se ha aprobado con los votos a favor del Gobierno de BComú, CiU, ERC, PSC y la CUP y el rechazo de C's y PP. La votación se ha producido a petición del Gobierno de Ada Colau, que en julio decidió retirar el busto de Juan Carlos I alegando que ya no era jefe de Estado y que la simbología monárquica estaba sobrerepresentada, pese a que la normativa estatal obliga a tener una efigie del monarca en el salón de sesiones.

La modificación del ROM aprobada establece que la representación de elementos simbólicos e institucionales presentes con carácter permanente en el salón de plenos deben responder "a la singularidad histórica y de capitalidad de Barcelona".

También deben contemplar "principios democráticos, de neutralidad religiosa y de catalanidad", y señala que su aprobación corresponde al pleno mediante acuerdos adoptados por una mayoría de dos terceras partes --la propuesta inicial pedía mayoría absoluta, y se ha modificado a petición de grupos de la oposición--.

Establece también que las sesiones podrán celebrarse en otros equipamientos municipales por causas de fuerza mayor --el texto aprobado excluye los casos de interés general, que constaban en la primera propuesta-- a decisión de la alcaldesa, Ada Colau, previa resolución motivada y notificada a todos los miembros de la corporación.

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha destacado que la modificación del ROM pretende defender la soberanía del pleno, y ha señalado que con ella el Ayuntamiento no se salta ninguna ley, sino que establece la normativa de aplicación preferente, tras lo que ha aseverado: "No queremos imposiciones ni usar de un modo partidista la institución".

Joaquim Forn (CiU) ha rechazado imposiciones y también las del Gobierno municipal --cree que primero se debería haber aprobado esta modificación y después retirar el busto--, y ha resaltado que con la modificación están defendiendo "el derecho a decidir qué debe haber en el salón de plenos", tras lo que ha avisado a Pisarello --que ha criticado que CiU no impulsara la modificación en el anterior mandato-- que ni él ni su partido pueden apropiarse del patrimonio del republicanismo.

El concejal de ERC Jordi Coronas ha sostenido que los símbolos deben representar al pueblo y deben "dar respuesta a la pluralidad y no a las imposiciones, vengan de la ley que vengan", tras lo que ha aseverado que prefiere cumplir la ley que emana del pueblo que una que no votó, en referencia a la Constitución.

La portavoz del grupo socialista, Carmen Andrés, ha defendido que la simbología debe poderse revisar, y ha animado a los concejales a "decidir entre todos por mayoría cualificada qué simbología debe representar Barcelona en este salón de plenos".

Maria Rovira (CUP) ha pedido retirar toda la simbología monárquica --la ve una institución "caduca, antidemocrática y nítidamente patriarcal"--, y ha destacado que su grupo hubiese apostado por poder celebrar los plenos en los distritos, tras lo que ha criticado que cambiar la simbología requiera una mayoría de dos tercios, ya que considera que difícilmente se logrará.

Saltarse la ley

La líder municipal de C's, Carina Mejías, ha avisado de que el Gobierno de BComú pretende con la modificación del ROM "poner su ideología y partido por encima de la historia de este edificio y de tradiciones", y saltarse la ley, por lo que ha aseverado que el principio democrático es muy importante pero que también lo es el de legalidad.

El popular Alberto Fernández ha dicho que el Gobierno municipal impone de forma totalitaria su visión de Barcelona --algo que ha ejemplarizado con el "escarnio a la Corona de la retirada del busto"--, y ha recordado que existen normas de rango superior que establecen que una efigie del Rey debe ocupar un lugar preferente el salón, como el Real Decreto 2568/1986 de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales.