Queralt alerta: “Hay que replantear en serio la financiación autonómica”
La Sindicatura de Comptes presenta la auditoría de los presupuestos de la Generalitat de 2014 y denuncia al Tribunal de Cuentas un contrato irregular realizado por CACSA
La Sindicatura de Comptes —el organismo autonómico equivalente al Tribunal de Cuentas— ha advertido de que es necesario abordar de manera seria y cuanto antes la revisión del sistema de financiación autonómica. El síndico mayor, Rafael Vicente Queralt, ha asegurado hoy, tras presentar en las Cortes la auditoría de las cuentas de la Generalitat correspondientes a 2014, que es necesario "replantearse en serio el sistema de financiación autonómica".
Las conclusiones de la Sindicatura señalan que hay una contención del gasto, pero aún así "los resultados presupuestarios son tan malos que resulta evidente que los recursos ordinarios, por mucho que acudamos al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o al plan de pago a proveedores, no son suficientes", ha recalcado el síndico mayor.
Rafael Vicente Queralt ha indicado que la auditoría de las cuentas de 2014 revela que "ya no hay gastos fuera del presupuesto, aunque sí hay gastos pendientes de aplicar al mismo". La Sindicatura de Comptes ha remitido al Tribunal de Cuentas, por si se trata de una operación punible, las salvedades sobre un contrato de asesoramiento para la privatización de la gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Se trata de un contrato de 21.000 euros más IVA abonado en febrero de 2015 sin que conste que se hayan recibido los servicios contratados.
La auditoría de la Sindicatura de Comptes destaca, nuevamente, que la contabilización de los colegios construidos por la empresa pública Ciegsa no ha sido adecuada, y que la contabilización de los convenios de la Generalitat con Feria Valencia y las universidades públicas tendría que contarse como un pasivo adicional de 768 millones de euros adicionales.
En su informe, la Sindicatura de Comptes advierte también de que están pendientes de aprobación 26 liquidaciones anuales de cinco contratos con las concesionarias que prestan servicios sanitarios y que se desconocen los importes definitivos de estas liquidaciones.
La auditoría también cuestiona el criterio del anterior Gobierno valenciano del PP de haber previsto como ingresos 132 millones por un impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito que ha sido anulado por los tribunales.
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