Los partidos firman en Valencia 100 medidas contra la corrupción

Siete partidos han firmado este miércoles en Valencia más de un centenar de medidas contra la corrupción propuestas por la Fundación por la Justicia. PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, Compromís, Esquerra Unida y UPyD han suscrito el documento. Pero casi todos han presentado salvedades, rechazando asumir algunas medidas, sobre todo aquellas que trascienden el ámbito de lucha contra la corrupción y se adentran en el terreno de la reforma del sistema político y social. Como con la supresión del Senado y las Diputaciones provinciales o la creación de "consejos autonómicos" que supervisen el "cumplimiento de los principios éticos y las buenas prácticas en los medios de comunicación".

La Fundación por la Justicia, encabezada por el magistrado de la Audiencia de Valencia José María Tomás y Tío, presidente de la sección que decidió reabrir la investigación del accidente de metro de 2006, ha asegurado que el acto no pretendía tener carácter electoral. La fundación, integrada por jueces, fiscales, secretarios judiciales pero también por otros profesionales como médicos y profesores, además de por empresarios, lanzó la idea hace un año. Y fijó el 9 de diciembre para la rúbrica del pacto, antes de saber que las elecciones generales se celebrarían 11 días después, al coincidir con el Día Internacional contra la Corrupción establecido por Naciones Unidas.

El pacto de 150 medidas incluye la "homogeneización del régimen de incompatibilidades en todos los ámbitos de las Administraciones y empresas públicas para prohibir el ejercicio de cualquier otro cargo retribuido". La creación de unidades de policía judicial adscritas a jueces y fiscales. "Proteger a los denunciantes de casos de corrupción, fraude, abuso o despilfarro", reformando la Ley de Protección de Testigos que se considera "ineficaz".

El listado también comprende la limitación de los indultos. La ampliación a 30 años los plazos de prescripción de los delitos de corrupción. Introducir el delito de enriquecimiento ilícito. Suprimir los aforamientos salvo en "las más altas autoridades del país" y en esos casos mantenerlos solo "por comportamientos realizados en el ámbito de su función pública". Prohibir que "ningún político pueda ocupar, durante al menos cuatro años desde su cese, cargos directivos en empresas del ámbito en el que ostentó el cargo". O quitar las competencias de urbanismo a los Ayuntamientos.

Las propuestas incluyen también cuestiones que no parecen tener que ver directamente con la mejora de la lucha contra la corrupción. Es el caso de la implantación de listas abiertas, la supresión del Senado y las Diputaciones, la potenciación de los "servicios públicos esenciales" como "la sanidad, policía, educación, justicia, transporte, brigadas forestales" y otros. Y, de igual modo, la creación de "comités de redacción" en los medios de comunicación", y "consejos autonómicos" que "supervisen el cumplimiento de los principios éticos y de buenas prácticas" en los medios.

Tomás y Tío no ha podido ofrecer detalles y alcance sobre estos consejos de supervisión de los medios, que han sido planteados por periodistas, ha afirmado. "Algunas propuestas podrían ser matizadas", ha admitido. 

El magistrado ha justificado la iniciativa en el "hartazgo" ciudadano ante los casos de corrupción, especialmente numerosos y graves en la Comunidad Valenciana, Y ha mantenido que sin "una fuerte sociedad civil es imposible que funcione un Estado democrático".

Todos los partidos con posibilidades de lograr representación política desde las circunscripciones de la Comunidad Valenciana han suscrito el acuerdo integrado por 150 iniciativas, pero de forma dispar. UPyD las ha asumido todas. Podemos, 149. Compromís, 148. Esquerra Unida, 143. PSOE-PSPV, 131, PP-CV, 125. Y Ciudadanos, 122, según ha explicado el presidente de la Fundación.

El pacto contempla la creación de un observatorio del pacto que al menos una vez al año analizará "el grado de ejecución de las propuestas" y que han aceptado todos los firmantes. La Fundación por la Justicia organizará anualmente un "foro ciudadano a modo de escenario de rendición de cuentas de lo conseguido".

Entre los firmantes del pacto figura la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la filósofa Adela Cortina, el exmagistrado Baltasar Garzón, el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, Acción Cívica contra la Corrupción, el Grupo Ribera Salud, Transparencia Internacional España, y otras asociaciones ciudadanas, colegios profesionales y personas a título individual.