El reto de la Justicia ante las elecciones

La relación de causa a efecto entre la eficiencia de la Administración de Justicia de un país y el grado de eficiencia de su sistema económico no suele ser tema de grandes debates. Pero no cabe duda de que para cualquier empresario, y más aún para cualquier inversor, el clima de confianza jurídica es básico a la hora de actuar en un determinado territorio.

Sería deseable que la actual campaña electoral encendiera y profundizara ese debate, como quedó patente entre las distintas fuerzas políticas que participaron en la mesa redonda celebrada a tal efecto el pasado 2 de diciembre por el Colegio de Procuradores de Barcelona. De este modo, se evitaría que la Administración de Justicia española y su mal funcionamiento fuera de nuevo la gran olvidada en esta contienda electoral. No entraré en la complicada tarea de discernir sobre lo allí visto y oído. Pero sí quiero resaltar, como hice entonces, los principales rasgos de una situación agónica que sigue esperando remedio.

A destacar antes que nada la ingente tarea legislativa impulsada por el Gobierno en los últimos seis meses, mucho mayor que en todo el período legislativo anterior, cosa que ha provocado el apartamiento de alguna de las reformas más ambiciosas y controvertidas, como la de la actualización del modelo de organización judicial, que se rige todavía por una ley del siglo XIX, prácticamente agotada según opinión unánime de todos los operadores jurídicos.

Sigamos con la apuesta de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) en favor del uso de las nuevas tecnologías. Es evidente que esa declaración de buenas intenciones, huérfana de la imprescindible inversión presupuestaria, puede dejar reducida a papel mojado la deseada implantación del papel cero en todos los juzgados españoles a partir del 1 enero de 2016.

En España son miles de millones de euros los que se encuentran retenidos en litigios todavía no resueltos

Lamentemos también que la Nueva Oficina Judicial, aprobada en 2003 para mejorar la eficiencia de la organización judicial, agilizar los procesos y avanzar hacia la digitalización, haya sido tan escasamente implantada y con resultados tan deficientes. ¿Hay que revisar el modelo?

Veamos ahora el resultado de las tasas judiciales estatales, surgidas con la loable intención de recabar más recursos a la Administración, que han acabado convertidas en una barrera de acceso a la Justicia, por mucho que se haya excluido de su pago a las personas físicas. Una situación que afecta a miles de autónomos y pequeños empresarios, especialmente en Cataluña, donde se pagan por partida doble. Del total del importe recaudado pocos han sido los millones de euros destinados a la modernización de nuestros juzgados o al necesario incremento de la retribución de los jueces y resto de los funcionarios que trabajan en los juzgados con pocos medios a su alcance y escaso reconocimiento por parte del justiciable.

El bloqueo de la Administración de Justicia es también notorio en la ejecución de sentencias civiles. Tanto es así que en España son miles de millones de euros los que se encuentran retenidos en litigios todavía no resueltos. Una situación que reduce el grado de seguridad jurídica y perjudica especialmente sin duda a las PYMES y los autónomos que han acudido a los tribunales, lo que reduce la confianza de todos en el sistema.

Es absolutamente imprescindible que la XI Legislatura española lleve a cabo una modernización profunda de la Administración de Justicia mediante un acuerdo entre actores políticos y jurídicos. Sin un amplio consenso sumado a un incremento de recursos económicos, será imposible garantizar una Justicia justa y eficaz con el ciudadano. Por muchas declaraciones públicas que se hagan.

Sin duda alguna, las distintas ideologías deberían quedar al margen cuando se trata de alcanzar un acuerdo por el buen funcionamiento de un servicio público tan esencial en una sociedad moderna y avanzada como es el de la Justicia. Es la hora de la Justicia y su reforma no admite mayores demoras.

Ignacio López Chocarro, decano del Colegio de Procuradores de Barcelona